En esta semana, Argentina espera una decisión del tribunal más famoso del mundo: la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica. La máxima instancia judicial de la máxima potencia mundial debe decidir si acepta o no la apelación presentada por Argentina contra el fallo que admite la pretensión de los fondos buitres de cobrar el 100% de la deuda. Luego vendría la decisión sobre el fondo del asunto.
Es bueno ir conociendo quiénes serán los que tendrán en sus manos la estabilidad económica de nuestro país y, según se dice, del sistema financiero en su conjunto.
La Corte Suprema de los EEUU entró en funciones en 1789, dos años después de sancionarse la Constitución Federal. Ha dictado fallos memorables por lo vergonzoso y también por lo loable. Entre los primeros se encuentra Dred Scott, sentencia que admitió la discriminación racial bajo el lema "’iguales pero separados”. El tribunal también se hizo tristemente célebre al declarar inconstitucional toda la legislación obrera de principio de siglo XX porque, según argumentaban, menoscababa la libertad contractual. Fue quien coloco los obstáculos más grandes contra el New Deal, programa con el que Franklin D. Roosevelt pretendía salir de la crisis del ’30.
Pero también ha dictado fallos que enorgullecen al tribunal porque solucionaron problemas que la política no lograba hacerlo. El ejemplo perfecto es el caso Brown, que (recién) en 1954 puso fin la segregación racial en las escuelas del Sur, suprimiendo las leyes que prohibían el ingreso de chicos negros en escuelas de blancos y a la inversa.
Sin embargo, no cabe duda de que el rasgo más importante de la Corte Suprema de Justicia Norteamericana es el estrechísimo vínculo que se da entre política y justicia. No hay otro país donde el Poder Judicial esté tan politizado como en la mayor potencia mundial.
A nadie se le escapa la ideología de los cortesanos ni la trayectoria política de cada uno. Por ejemplo, todos saben que Antonin Scalia es uno de los magistrados más conservadores de la Corte Suprema. Hay plena conciencia de que lo nombró Ronald Reagan como parte del proyecto de volver atrás con las decisiones progresistas del tribunal anterior y afianzar su "’revolución conservadora”.
Se sabe también que John Glover Roberts Jr., actual presidente de la Corte, fue nombrado por George W. Bush y comparte también el ala conservadora del máximo tribunal junto a Clarence Thomas y Samuel Alito. Pero también están Breyer, Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor quienes pueden aportar votos para posturas más progresistas. Anthony Kennedy es quien desempata la mayor parte de las causas, decantándose por una visión más conservadora o más liberal según el caso.
Todos los jueces de todas las instancias en todos los fueros de los EEUU han hecho su carrera política y han pasado por el partido Demócrata o el Republicano. Así lo afirma Miguel Ángel Ekmekdjian, jurista argentino muy favorable al sistema constitucional y político de aquel país. Según Ekmekdjian, no existe la menor posibilidad, por más méritos, antecedentes y capacidad que se ostente, de acceder a un cargo judicial si no se ha hecho una carrera política en alguno de los dos partidos más importantes.
Este análisis lo completa el jurista español Luis Pomed, quien afirma que hay un solo caso en más de 200 años de historia en el que primó la capacidad por sobre la ideología: la elección del magistrado progresista Benjamin Cardozo por el presidente conservador Herbert Hoover. Tan excepcional fue que es de rigor recordarlo.
Ekmekdjian aclara que una vez elegidos jueces, los magistrados de los EEUU olvidan sus afiliaciones partidarias. No sé si esto es así, pero lo que es seguro es que nunca jamás olvidan su ideología al fallar (aunque nada impide que puedan cambiarla en el transcurso de su carrera, como de hecho ha sucedido). Es tan amplio el margen que tienen los jueces en el sistema constitucional norteamericano que siempre pueden basar sus decisiones en cuestiones ideológicas y, por momentos, hacer primar éstas por sobre el derecho.
Reconocer qué ideología esgrime cada magistrado es central para la estrategia Argentina. Las motivaciones políticas de cada juez influirán decididamente en la sentencia final. Cada voto se sustentará, aunque no se diga, en fundamentos políticos e ideológicos. Esperemos que sean favorables a las legítimas pretensiones argentinas, que son incompatibles con la de los usureros y especuladores internacionales, enriquecidos a costa del sufrimiento de la población.
(*) Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales, UNC. Becario del Conicet. Adscripto a las cátedras de Derecho Político y Derecho Internacional Público, UNSJ.