Pampa. El presidente Mauricio Macri, presentando tres aviones Pampa III fabricados íntegramente en la Fábrica de Aviones "Brigadier San Martín".

En el último mes se ha asistido a tres acontecimientos que simbolizan el nuevo realineamiento de la política exterior argentina en la "era Macri". El primero, meramente representativo y que pasó casi desapercibido, ocurrió cuando un puñado de camiones estadounidenses Oshkosh MTV participaron del desfile del 9 de Julio en la ciudad de Buenos Aires; el segundo sucedió cuando el gobierno nacional creó un registro de organizaciones terroristas en el que se incluía al brazo armado del partido político palestino-libanés Hezbollah, acusado de los ataques a la Embajada de Israel y a la AMIA; y el tercero fue la visita del Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en el acto recordatorio a las víctimas del atentado a la mutual judía.

Pero habría que detenerse en el primero, el que impactó menos en la sociedad argentina. Que se hayan visto desfilando imponentes camiones recién llegados, entregados gratuitamente y aun pintados con el color mimético de la gran potencia mundial, es el resultado evidente de que el objetivo de ganar la confianza internacional, y de la Casa Blanca, se ha logrado.

La Argentina entendió que si quería participar del concierto internacional de naciones debía comprometerse con las problemáticas de seguridad que afectan a estas, y que la adquisición de armas era una de las llaves para lograr una rápida aceptación. La Cumbre del G-20 en Buenos Aires desnudó todas las limitaciones que tiene el país para custodiar sus fronteras y su espacio aéreo. La compra casi desesperada de un sistema de defensa aérea puntual Skyguard a Alemania y la llegada -a destiempo- de 5 aviones Super Etendard franceses obtenidos a precio simbólico no solucionaban la problemática de la indefensión aérea, lo que le demostraba al gobierno que la política del abandono de la defensa nacional, que se venía practicando desde hace décadas, iba a contramano de las exigencias globales.

Así, el gobierno aceleró la adquisición de equipamiento para la defensa a un conjunto de naciones muy diversas. En este aspecto se debe contemplar que comprar armas implica involucrarse con un complejo sistema tecnológico que suele ser -informática y logísticamente- diferente entre cada uno de los bloques o potencias, por lo que un país que compra un sistema de armas se termina atando a un determinado sector. Además, la experiencia demuestra que no es sencilla la combinación de tecnologías, como sucedió en Venezuela y Ecuador cuando pretendieron integrar radares chinos del tipo JYL a sus respectivos sistemas de vigilancia de matriz occidental. El fiasco fue tan grande que el gobierno de Quito ni siquiera pudo ponerlos en servicio y terminó devolviéndolos.

Suministrar un sistema sofisticado de armas implica transferir tecnología sensible, por lo que las grandes potencias proveedoras de armas, como Estados Unidos y Rusia, exigen lealtad política y hasta se reservan algunas garantías con respecto a su potencial uso y traspasos posteriores. Solo pocas potencias regionales pueden mantener una política ambivalente respecto a esta lógica, como lo hacen la India o Turquía, que manifiestan un temor relativo con respecto a las represalias que puedan recibir, sobre todo de Estados Unidos. Hay otros países que también mantienen la ambivalencia en la compra de material militar, pero lo hacen con armamento menor y como resultado de una simple necesidad económica; es el caso de la Argentina, que busca precio y calidad en un mercado muy competitivo y cada vez más diversificado.

También se debe encontrar un equilibrio entre el material a comprar y el que se pueda desarrollar o recuperar localmente. Algo de esta combinación se pudo ver con la reactivación de la Fábrica de Aviones "Brigadier General San Martín" -Fadea-, al volverse a fabricar y hasta intentar exportar aviones Pampa, en la incorporación de aviones de entrenamiento básico Texan II estadounidenses, drones chinos de la empresa DJI, radares turcos Aselsan, radares primarios de vigilancia aérea fabricados en el país, lanzacohetes suecos Carl Gustaf, embarcaciones patrulleras israelíes Shaldag para la Prefectura, turbinas Rolls Royce para poner en funcionamiento navíos de la Armada, particularmente el destructor ARA Heroína, y la compra de cuatro buques franceses de la clase Gowind, como el L"Adroit que llegará este año, y que están especialmente concebidos para misiones de protección marítima y defensa de nuestra zona económica exclusiva.

En el plano local se repararon helicópteros Bell UH1H, se modernizaron los tanques de fabricación nacional de la familia TAM, se recuperaron camiones y blindados M-113, entre otras cosas; todo esto mientras se aguarda la llegada desde los Estados Unidos, también de forma gratuita ya que solo se paga el traslado, de obuses autopropulsados M-109, y se esperan definiciones en torno al futuro avión de combate de la Fuerza Aérea, que por ahora parece ser el surcoreano FA-50.

Queda mucho para recuperar el poder disuasorio. La disuasión -entendida como la forma de limitar las acciones agresivas de potenciales enemigos, entre los que se incluyen organizaciones delictivas, criminales y terroristas-, es necesaria para hacer creíble a un país frente a las nuevas acechanzas que sufren sociedades y Estados. El poder disuasorio hace respetado a un país en la arena internacional, permite una mejor colaboración regional y una efectiva defensa de los recursos nacionales.

De todos modos, la llegada de este ligero equipamiento militar y la probable inserción de un nuevo avión de combate que saque del marasmo a la Fuerza Aérea, sigue sin colocar al país en un pie de igualdad con las políticas y los presupuestos de defensa de Chile, Venezuela y Brasil, los países mejor equipados en la región, e incluso estaría lejos de los que están en un segundo escalón, como Colombia y Perú.

Hay que decir que, en el marco del actual proceso eleccionario, la Argentina se debe un debate profundo en torno a su defensa nacional. Este tema, por su importancia, no puede ser un reduccionismo entre el abandono que por años sufrieron las FFAA o los maquillajes actuales tendientes a la búsqueda del voto militar. 

El Estado -y los propios argentinos- deben entender que una estructura defensiva moderna y confiable es el principal factor para garantizar la seguridad y los bienes de todos, y que para ello es necesario definir políticas, doctrinas y estrategias que la garanticen y proveer la formación y el material para lograrla.