Se recordaron ayer los 18 años del 18 de julio de 1994, cuando una bomba de altísimo poder destruyó el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en la Capital Federal, matando a 85 personas y dejando a más de 300 heridos. El mayor atentado terrorista perpetrado en la Argentina merece una conmemoración trascendente, pero se suma al dolor y la indignación colectiva por la impunidad que rodea a la masacre ya que a casi dos décadas del hecho todavía la Justicia no da la respuesta esperada no sólo a la colectividad judía sino a toda la ciudadanía.
El presidente de la AMIA, Guillermo Borger, lamentó que los tiempos de la Justicia no sean los de las víctimas, no obstante admitir que esta investigación es muy extensa y complicada, aunque "hubiéramos querido, y así lo dijimos, que este año hubiera sido sólo para la recordación y el homenaje, pero lamentablemente no es así; debemos seguir alimentando la memoria para que estos muertos puedan de una vez descansar en paz en cuanto llegue la justicia”.
Debe señalarse que en estos 18 años los únicos gobiernos que mostraron un decidido interés por la causa fue el de Néstor Kirchner y ahora el de Cristina Fernández, quienes impulsaron la investigación no sólo a nivel local sino que denunciaron el atentado ante la comunidad internacional. Por ello el ministro de Justicia, Julio Alak, ha reiterado ese compromiso para llegar a la verdad y porque se está a pocos meses del juicio oral que permitirá tener testimonios y evaluar los documentos existentes, lo cual implica avances procesales importantes en la causa del encubrimiento en la conexión argentina. El paso del tiempo es el peor enemigo de la Justicia, por eso la memoria activa no debe decaer.