El dirigente opositor venezolano Leopoldo López cumplió ayer un año en prisión sin ningún juicio en su contra, a pesar de que se entregó espontáneamente ante las acusaciones del gobierno de haber incitado a la violencia en las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. El líder del partido Voluntad Popular permanece alojado en una celda sin conocerse los cargos que pesan contra él mientras un manto de impunidad protege a los represores de las manifestaciones multitudinarias que comenzaron en febrero de 2014 y se extendieron prácticamente todos los días durante cuatro meses en Caracas y otras ciudades.
Esas protestas masivas reprimidas por el régimen chavista, con un saldo de 43 muertos, cientos de heridos y cuantiosos daños a la propiedad, tiene ejecutores que gozan del encubrimiento oficial, mientras Maduro sigue acusando de golpista a la oposición.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ha pedido la libertad de López y de otros dirigentes opositores para crear un ambiente propicio al diálogo para resolver la crisis de Venezuela. Sin embargo, lejos de escuchar este llamado, el régimen venezolano vulnera los derechos fundamentales que asisten a López, le niega visitas y le impide presentar pruebas de su inocencia. Peor aún, la semana pasada, la organización Human Rights Watch denunció que el preso político, recibe castigos y torturas constantes.
Un año de cárcel sin juicio, es una violación flagrante de los derechos humanos, como lo han manifestado personalidades, organizaciones y gobiernos extranjeros en sus reclamos por la libertad del dirigente opositor, a la vez de exhortar a Maduro a escuchar el clamor del pueblo frente a la crisis venezolana.