El aumento de la litigiosidad llevó a la Justicia al colapso por la falta de recursos para ampliar las estructuras físicas y funcionales.
Son fallas atribuibles al Ejecutivo y al Congreso, según los miembros de la Corte Suprema de Justicia, en sus quejas más recientes. El presidente, Ricardo Lorenzetti, criticó al Estado por ser el mayor litigante al transgredir la recomposición jubilatoria, originando más de un millón de denuncias y se tuvo que crear un fuero específico, a su vez desbordado.
Por su parte, la jueza Carmen Argibay se sumó a las críticas contra el Estado litigante y a la imposibilidad de trabajar sin recursos para aumentar los tribunales. Dijo que "muchas veces la gente se queja de la lentitud de la Justicia, que es verdad, es lenta. Pero es lenta porque no tiene otro remedio que serlo, no puede ser de otra manera". Reiteró, además, las demandas de meses atrás, elevando una polémica en la que incluso participó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Luego de los cruces de otros jueces y funcionarios, se alcanzó un acuerdo para financiar un mejor servicio de Justicia y crear juzgados y empleos. Esta promesa tampoco se cumplió. En mayo, Lorenzetti reclamó al Gobierno que efectivice la creación de los 750 cargos judiciales acordados en marzo con el jefe de Gabinete, Sergio Massa.
Mientras tanto, "los tribunales orales no tienen lugar donde hacer las audiencias; es imposible trabajar así. No hay ser humano que pueda", dijo Argibay sobre un colapso que es conocido pero sin decisión política para revertirlo.