En más de tres décadas de democracia, los argentinos nos enorgullecemos del Estado de derecho en el que se desenvuelven todas las actividades económicas, políticas y sociales, con los derechos y garantías constitucionales. Pero la historia reciente también nos señala la debilidad de los poderes del Estado por la politización de la justicia o la judicialización de la política, según los diferentes períodos de gobierno con arbitrariedades convalidadas por unos y atropellos de otros para invadir jurisdicciones que desvirtúan el equilibrio institucional.
El tema de las tarifas públicas acapara la polémica, pero existen otros de trascendencia que generan preocupación en la sociedad, al advertir cómo actúan los magistrados según los tiempos políticos, pasando de los momentos en que fallaban temerosos y complacientes, al giro posterior de arrogarse funciones de gobierno que no les competen. Pero aun si se respaldaran en la doctrina, sería imposible reducir todo a la inspección tribunalicia y por eso la necesidad de ajustarse al sabio principio de la división de poderes en la organización republicana. Del otro lado, el Gobierno nunca debió dejar en manos de la Corte la cuestión tarifaria, propia del Ejecutivo.
Los jueces deben ser garantes del ordenamiento jurídico mediante la interpretación constitucional, con una dosis de autocontrol para evitar las cuestiones políticas no justiciables, para no caer en las peligrosas instancias de la judicialización de la política. Tal desviación parte de la designación de los jueces, más de los tribunales superiores, donde no siempre los nombramientos se hacen sobre base de la idoneidad sino del amiguismo o de la adhesión partidaria.
Los mismos magistrados se sienten salpicados por esta distorsión y prueba de ello son las recientes manifestaciones del juez federal marplatense Alfredo López, al señalar que el único partido judicial que existe es ‘Justicia Legítima’, la agrupación kirchnerista que ha pretendido torcer desde adentro el curso de las denuncias de corrupción del gobierno anterior y ahora ser protagonista de la oposición al gobierno. Es así que este juez, que investiga la agresión con piedras que sufrió el auto del presidente Mauricio Macri, el viernes pasado, fue frenado por la fiscal federal Laura Mazzaferri, a la que acusó de no actuar de inmediato en el ataque contra el primer mandatario y de estar obstruyendo la investigación.