Con el doble propósito de paliar el fuerte déficit energético del país, que obliga a onerosas importaciones, y por otro lado avanzar en la implementación de una matriz energética no contaminante, el Gobierno nacional lanzó esta semana el primer llamado a licitación para la producción de 1.000 megavatios de energías alternativas.
La convocatoria internacional llega luego de reglamentarse la ley de fomento a la energías alternativas que pretende llevar la producción limpia de electricidad al 8% para fines del año que viene 2017, desde el 1,8% actual. La nueva legislación establece que el consumo total de energías alternativas deberá ir en ascenso hasta alcanzar el 20%, o unos 10.000 megavatios de potencia en 2025, en todo el territorio nacional.
Antes de formalizarse este llamado a licitación, ya varias firmas interesadas habían adelantado inversiones en este campo, caso de la empresa Pampa Energía, que prevé invertir 400 millones de dólares en generación limpia y la filial argentina de la estadounidense Dow Chemical con 123 millones de dólares para el desarrollo de un parque eólico en conjunto con la empresa estatal tecnológica INVAP, de prestigio mundial. Son anticipos de marzo pasado, que se espera alcance ahora ofertas por unos 5000 millones de dólares en inversiones de proyectos energéticos verdes, hasta finales del 2017.
Al margen de esto, existen emprendimientos privados de altos consumidores de electricidad, como Aluar, fabricante de aluminio radicado en Puerto Madryn, que invertirá más de 400 millones de dólares para generar energía eólica por más de 200 megawatts en el área donde se ubica la empresa y Trelew. El plan implica un gran aporte no sólo para producir más energía sino también para impulsar la creación de mayor actividad económica y fuentes de trabajo en la zona.
El lanzamiento del denominado ‘Plan Renovar” de aprovechamientos eólicos, solares, biomasa, hidroeléctricos y biogás implicaría una inversión estimada en 2.000 millones de dólares y la generación de 8.000 puestos de trabajo, a la vez de ahorrar U$S 300 millones en importación de combustible. Mejor todavía se evitaría la emisión de casi dos millones de toneladas de dióxido de carbono anuales a la atmósfera, lo que equivale a retirar un millón de vehículos del parque automotor.