Tres breves videos de aficionados rusos en YouTube que mostraban a miembros del partido oficial comprando votos y rellenando urnas, fueron suficiente para que cientos de miles de personas se abalanzaran a las calles de Moscú en la víspera de Navidad, a protestar indignadas por el fraude electoral que favoreció al primer ministro Vladimir Putin.
Como sucedió con la Primavera Árabe, en diciembre pasado en Rusia, donde la televisión, las radios y los periódicos están secuestrados por el gobierno, quedó demostrado que el uso de Internet y las redes sociales sirve al público de válvula de escape para confrontar a represores y soñar con procesos democráticos.
No obstante este avance tecnológico que se consolidó en 2011, existen serios obstáculos a la libertad en internet. Si bien más de dos billones de personas en el mundo están conectados como señala un informe de Freedom House, también es cierto que se han intensificado la censura, la filtración y los ataques contra blogueros e internautas. La censura no solo se registra en China, Turquía, Arabia Saudita y Vietnam, sino también en América latina, como en Cuba donde el control es férreo y en Venezuela, donde los usuarios del servicio estatal de internet, CANTV, denunciaron que no pueden acceder a blogs y noticias sobre la oposición. China y Rusia son los que más aguijonean para que ese manejo pase a manos de una comisión de las Naciones Unidas, pero muchos países se niegan sabiendo la manipulación que los regímenes más despóticos hacen de comisiones estratégicas, como la de derechos humanos, dominada por Rusia, Libia y Cuba hasta hace poco.
Con un aporte de 70 millones de dólares desde 2008, el gobierno de Barack Obama viene dando un apoyo estratégico al uso de las tecnologías para incentivar procesos democráticos. No es casualidad que Putin y los regímenes árabes, como el del tambaleante presidente sirio Basahr al Asad, lo acusen en forma directa de incidir en las protestas y revoluciones.
Las políticas Obama también tienen sus propios desafíos. Su apoyo decidido contrasta con las prácticas ilícitas de varias empresas tecnológicas de EEUU y Europa, como NetApp de California, Siemens de Alemania y Ericsson de Suecia, que pese al embargo impuesto a Siria, continuaron vendiendo tecnología a gobiernos opresores para que puedan espiar y censurar a usuarios de internet y telefonía móvil.
A principios de diciembre, la Unión Europea restringió la provisión de tecnología a Siria, mientras que en EEUU, se presentó un proyecto de ley -libertad global en línea que prohibe la exportación de hardware y software que pueden ser usados para bloquear y rastrear comunicaciones digitales, a la vez que obliga a las compañías a reportar cualquiera de sus acciones ante la menor sospecha de que puedan incurrir en violaciones a los derechos humanos. Esta protección al acceso a internet, coincide con los postulados que presentaron en junio los relatores de libertad de expresión de las Américas, Europa, África y las Naciones Unidas, que indican que todos los estados tienen la obligación de promover el acceso universal de internet y no pueden justificar bajo ninguna razón la interrupción de ese servicio a la población ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional. Consideran que el acceso a tecnología digital, sirve para garantizar otros derechos como educación, salud, trabajo, reunión, expresión y elecciones libres.
A los gobiernos les corresponde mejorar la tecnología, ampliar los servicios diversos y baratos de banda ancha, alfabetizar digitalmente y cerrar la brecha tecnológica que existe entre ricos y pobres.