Uno de los problemas más difíciles de resolver, en el plano laboral, como es el caso de la inscripción del trabajador del sector rural a fin de evitar la grave irregularidad de mantener personal en "negro”, ha quedado superada en nuestra provincia gracias a un acuerdo alcanzado por todas las partes interesadas, dentro de los alcances de la Ley de Corresponsabilidad Gremial.
Si bien este nuevo convenio viene a cubrir una necesidad social que alcanza a unos 15.000 trabajadores -chacareros en general-, y a los empleadores, falta todavía llegar con igual marco a la mayor explotación agrícola sanjuanina, es decir el sector vitícola, donde la precariedad laboral se agrava en cada vendimia debido a la presencia de cosechadores temporarios que se suman a los de planta permanente de cada explotación rural. Ya se tuvo en consideración a los llamados "trabajadores golondrinas”, pero la actividad plantea la necesidad de lograr un entendimiento para firmar un acuerdo similar al suscripto para las chacras. El blanqueo del trabajo rural es complejo, por las particularidades de las tareas temporales y las dificultades que tiene el empleador para cumplir con sus obligaciones fiscales, con serias implicancias por la severidad de las sanciones por el empleo no registrado.
Las doce cámaras empresarias, el sindicato de frutas y hortalizas y el Gobierno provincial han logrado un acuerdo, tras de más de dos años de intensas negociaciones hasta llegar a la equidad buscada. Esto ha posibilitado regularizar los aportes laborales en 18 áreas del agro sanjuanino, con picos de temporada que llegan a ocupar a decenas de miles de obreros, caso del cultivo de ajo y cebolla. De ahora en más, los productores podrán afrontar sus obligaciones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en seguridad social, una vez que perciban los valores de la venta de sus cosechas y, por su parte, los trabajadores estarán respaldados por los alcances de los beneficios laborales. Además se establece la cantidad de hectáreas por cantidad de trabajadores que obligatoriamente se deberá informar a la AFIP para establecer los pagos acordados.
De lograrse a corto plazo un acuerdo de estas características para cubrir las obligaciones tributarias que demanda la regularización de los cosechadores de uva, más en cada temporada anual, San Juan habrá cerrado un blanqueo que permite el trabajo digno para un amplio sector que históricamente se ha visto postergado.