Es visible el ahínco programático de la planificación de objetivos en orden de prioridad excluyente que ha planteado el gobierno nacional del presidente Mauricio Macri, señalando que el tema central de su gobierno es la desaceleración general de precios o el bajar la inflación, a través de metas anuales especificas a cumplir.
Los voceros más conspicuos de su gabinete y un conjunto de especialistas notables, en un número importante, dan fundamentos técnicos por doquier sobre la necesidad de llegar a esa a meta. Una meta que se presenta con argumentos muy razonables y técnicamente verosímiles dando la impresión, inclusive, de que este objetivo se justifica por si mismo y que de lograrlo le otorgaría a la política económica una legitimidad enorme en orden a la promoción efectiva del estado general del país.
En principio son compatibles los argumentos, sobre todo el que indica que el peor impuesto no escrito como tal, que soporta el ingreso del conjunto social es la inflación, y que su control implicaría orientarse a un bienestar de por si ambicionado y virtuoso.
De hecho, el principal tema de critica que se empleó contra el gobierno que expiro el 10 de diciembre del año pasado fue este precisamente y en general, en términos de consenso social, se logró agendar dominantemente que no es posible seguir conviniendo con los índices de inflación de la era política gobernada por el ciclo Frente para la Victoria (FPV).
Sin embargo y como todas las cosas humanas sean, sociales y económicas como en este caso, o sean de cualquier índole equivalente, no escapan a la ley general de la relatividad del paradigma que le da sustento a la emisión del punto de vista especifico que se pronuncia es posible, todavía, esgrimir una reflexión disonante.
Es más, aparecen tan sólidas las razones técnicas del nuevo gobierno, que es muy posible que se logre bajar o controlar la inflación, debido a que ese fin está en el desarrollo implícito, lógico y previsible de la tendencia general de las medidas que se han tomado en materia de definición política y de ejecución económica del flamante gobierno.
Bajar o controlar la inflación es la consecuencia lógica del programa económico del gobierno, y por ello es predecible que, tendrá un gran ‘éxito+ en cumplir esta meta, debido a la forma en que esta induciendo la baja del consumo. Una forma de inducción que se la puede caracterizar como de disminución forzosa por retracción de la variable ingreso consumo.
Ante ello, tiene sentido plantear la siguiente preocupación: si una inflación controlada por la baja del consumo, no puede hacernos caer en una análoga negatividad de efecto similar al que produce la propia inflación que se pretende combatir justificadamente.
Es decir, la paradoja que planteamos, es si la inflación estructural de estos tiempos, y condenada por negativa, en razón de que genera un deterioro en el acceso a los bienes y servicios de consumo, no le seria predicable esa misma negatividad al nuevo estado de cosas que se postula, en razón de que se pretende lograrlo por el lado de reducir los ingresos y el consumo, con lo cual se estaría estableciendo un ‘superador+ estado de cosas, pero con el ‘mismo+ efecto disvalioso del estado anterior de las sucesos.
Creo que ambos conceptos como herramientas de caracterización general de diversos estados económicos, como es la inflación y la deflación, son relativos, a como se los razone a partir de los parámetros y las praxis que los entornan, y que, de suyo, escapan al concepto mismo de su definición teórico-programática. En ese orden de ideas, sería tan perjudicial al conjunto de la sociedad, una inflación que se ‘coma+ los ingresos por precios de mercado confiscatorios, como una deflación o reducción de precios que se produce, porque los ingresos son a su vez, ‘comidos+ o disminuidos por una absorción macro-económica de la masa monetaria total de la economía.
Ojalá se acierte en el equilibrio justo en el nivel de precios buscado y que ello no perjudique al consumo según cómo y con qué criterio se trate a los ingresos.