Con el asesinato de dos jóvenes twiteros y de una periodista profesional que los delataba en las redes sociales, extendieron su mensaje de violencia y venganza contra quien se atreva a revelar sus crímenes en Internet. Las consecuencias fueron espeluznantes. Los cuerpos de los jóvenes fueron colgados de un puente y el de María Macías fue decapitado y exhibido en una plaza. Sobre una cartulina apuñalada a su cadáver, el firmante cártel de los Zeta sentenciaba sarcásticamente: "Soy Nena Laredo y estoy aquí por mis reportes y los suyos”, en referencia al seudónimo con el que la periodista denunciaba a los narcotraficantes en el sitio Nuevo Laredo en Vivo y en las redes sociales, actos que no se atrevía ni podía revelar en el periódico que dirigía.
Los narcotraficantes son conscientes que los más de 2,5 millones de usuarios de Twitter en México son sus potenciales delatores, pero también que su violencia sin límites es efectiva. En la zona fronteriza con Estados Unidos ya probaron a fuerza de decapitaciones y violencia extrema, que los periodistas, periódicos, radios y televisoras prefieren el silencio a la confrontación. La prensa aprendió la lección con decenas de periodistas asesinados, desaparecidos y docenas de atentados contra medios. Desde hace unos años, debido a la ineficacia gubernamental para combatir al crimen organizado y la impunidad, la prensa ya no se ruboriza cuando admite que recula ante el crimen organizado, que se autocensura, no investiga y sólo publica comunicados oficiales. Pero ahora, el crimen de María Macías ha hecho que muchos usuarios de redes sociales aprendan a golpe y porrazo lo que los periodistas experimentan desde hace décadas: Toda información o comentario que se difunde, así sea en papel, voz o video, siempre afecta a alguien y provoca reacciones.
En Venezuela, en las últimas semanas, varios opositores, humoristas y periodistas críticos al gobierno de Hugo Chávez, sufrieron el embate de un grupo anónimo de piratería cibernética. Los ataques de estos hackers, autodenominados N33, fueron duros. Les infiltraron a los opositores sus cuentas de e-mail y Twitter, les bloquearon el acceso y, asumiendo su identidad, enviaron insultos a sus más de 500.000 destinatarios y seguidores.
Ante la falta de una entidad contra quien pelear o demandar ante la Justicia, las víctimas se sienten impotentes y vulnerables. Quizás no tanto en este caso porque los atacados eran personas públicas y con trayectoria, pero cuando las agresiones se perpetran contra usuarios menos reconocidos, este tipo de amedrentamiento siempre desemboca en autocensura. Esta táctica es bien conocida por el chavismo, el kirchnerismo y el raulismo cubano, en cuyos aparatos de propaganda, los ciber militantes se entrenan en estrategias de ataques contra blogueros y usuarios críticos.
Los gobiernos también tienen sus pesadillas. El grupo de ciber activistas Anonymous viene amenazando a Hugo Chávez con implementar la operación de hackeo "tormenta de papel” y a Rafael Correa con "cóndor libre”, por sus incontables ataques a la libertad de expresión. Pero como el fin no justifica los medios; mejor desconfiar de Anonymous u otros grupos de hackers que se esconden detrás de máscaras o capuchas. En su búsqueda de justicia por manos propias, terminan cometiendo mayores abusos que los que dicen combatir. Al final permiten que los gobiernos justifiquen restricciones a Internet, induciendo así otra fuente de autocensura para los usuarios.