Determinar fehacientemente las zonas marginales y cuántos son los indigentes señalados en los últimos índices de pobreza que han conmocionado a la opinión pública, exige de las autoridades acciones inmediatas para cubrir con urgencia la asistencia alimentaria, mientras se elaboran políticas estructurales y sustentables para erradicar el flagelo que avergüenza a los argentinos.
La respuesta urgente la plantean las organizaciones sociales y de bien público que piden ayuda para sostener la mayor demanda de los comedores escolares y comunitarios en la emergencia. En esta coyuntura ya se puso en marcha en Córdoba un plan de asistencia alimentaria que se debería instrumentar en todo el país, precisamente por contar con apoyo de la Nación. En este caso, la ayuda llega a 69.000 familias con ingresos inferiores a 4930 pesos, es decir, el límite de la indigencia.
El presupuesto de 41 millones de pesos para financiar una ‘tarjeta social” de 630 pesos mensuales para la compra de alimentos que figuran en una canasta que diseñó el Gobierno de Córdoba con acuerdo con el Centro de Almaceneros y la Cámara de Supermercados de esa provincia comenzará a funcionar a partir de noviembre. El mecanismo de la tarjeta social evita el clientelismo y la dependencia política, ya que permitirá a los indigentes adquirir los alimentos que necesiten, en cualquier comercio y con un listado creado al efecto.
La otra etapa de esta cruel realidad debe apuntar a la pobreza e indigencia estructural, consecuencia de las desigualdades sociales que aumentaron en igual proporción que el hambre, la malnutrición y la mortalidad infantil. Según un reciente estudio de la Universidad Católica Argentina, el 25% de la población del país no accede al empleo formal, a una educación de calidad ni a una vivienda digna, sin servicios básicos: una de cada 10 viviendas no tiene agua corriente y tres de cada 10, cloacas.
El aumentó de la brecha social lo revela la diferencia entre la calidad de vida del sector medio y la del más vulnerable.
Al mismo tiempo, el 37% de los jóvenes no termina la secundaria y el 20% no estudia ni trabaja, en tanto el 12% de los chicos de entre 5 y 17 años debe hacer alguna actividad laboral y dos de cada 10 hogares requieren asistencia pública, con un total de 23,5% que necesitan un programa de apoyo social permanente.
El esfuerzo asistencial de todos los sectores de la vida nacional debe concentrarse en eliminar las desigualdades sociales generadores de la pobreza estructural.