En un reciente informe elaborado por la Contaduría General de la Nación, después de auditar la ejecución de los gastos y recursos de todas las áreas de la administración pública durante 2009, se concluye que el 94% de las obras públicas que figuraron en el Presupuesto Nacional, no fueron realizadas.

De este modo queda reflejado que la ley de presupuesto, que debería ser la norma madre que rige la gestión pública, se convirtió en una utopía. El Gobierno nacional presupuestó obras por poco más de 3700 millones de pesos, pero sólo se ejecutaron algo más de 1100 millones, lo que indica que hay 2600 millones de pesos de diferencia que deliberadamente no se utilizaron para lo que disponía la ley. A ese dinero, el Poder Ejecutivo lo reasignó según su conveniencia en uso de la ley de superpoderes para disponer del presupuesto.

La ley obliga al Gobierno a que, antes de ejecutar una obra, debe contar con la aprobación del Sistema Nacional de Inversión Pública, que verifica su conveniencia y factibilidad, lo cual no se cumple en la práctica. El presupuesto de 2011, promete no ser una excepción. A varias obras se les asignaron partidas irrisorias, como por ejemplo al dragado del río Uruguay, que se le adjudicaron 10.000 pesos. En 2009 se le había destinado un millón de pesos a ese trabajo, y no se ejecutó. Asimismo mientras que 1077 obras presupuestadas no se concretaron durante 2009, otras 78 se ejecutaron con un costo muy superior al programado inicialmente, que en algunos casos supera el 1000 por ciento. Otros ejemplos muestran la discrecionalidad y la manipulación de los fondos públicos. Es el caso de la ruta 40 en su tramo El Eje-Las Cuevas, en Catamarca, que recibió un crédito inicial de 1,8 millones de pesos y terminó devengando casi 25,5 millones, un 1350% más.

En un año de elecciones presidenciales, el Gobierno prioriza el clientelismo prebendario y reducirá los fondos destinados a educación y a promoción social. Según el informe elaborado por los investigadores Gisell Cogliandro y Ariel Melamud, el programa "Más Escuelas, Mejor Educación", destinado a aumentar la oferta de infraestructura educativa, caerá en 2011 un 13,6%: de 783,7 millones de 2010 a 677 millones el año que viene.

Estas son las transgresiones que también hieren gravemente a la democracia y a la ciudadanía, cuando los fondos públicos no se manejan con transparencia y sin discrecionalidad.