A principios de este año, unos 80 jueces y magistrados nacionales, provinciales y federales de todos los fueros, denunciaron que la oferta y la demanda de drogas registraba niveles sin precedentes en el país, y que al perseguir a los consumidores se había distraído la atención en contra de los espacios de corrupción política y policial.
En una acción inédita, el grupo suscribió un documento en el que reclamaba cambios institucionales y alertaba sobre el "encubrimiento del tráfico mediante acciones dirigidas contra los sectores más vulnerables". Más aún, señalaron que las bandas de narcotraficantes "en muchos casos recibieron protección política, administrativa y judicial", y destacaron que hay "una ausencia total del Estado" en la regulación del mercado de psicotrópicos.
Quienes tratan muy de cerca a jóvenes adictos, se muestran alarmados por el avance de la droga. Tal es el caso de los profesionales de Casa del Sur, uno de los centros más importantes para la recuperación de adicciones. Esta organización tiene 15 centros de atención en la ciudad de Buenos Aires, además de sedes en las provincias de San Juan, Buenos Aires y Neuquén. Más de 500 personas reciben allí el tratamiento para intentar superar su adicción a las drogas, en un régimen de internado para los casos más graves. Lo que se constata en el lugar es que hasta la crisis de 2001, sólo el 20% de los internos tenía una vinculación con el delito. Esa proporción fue en aumento a medida que el "paco" amplió su universo de consumidores. Hoy esa proporción es exactamente la inversa: el 80% de los adictos que se atienden está relacionado con lo delictivo. Es lo que también ha constatado la veintena de sacerdotes que comparten la vida con los residentes de 13 villas porteñas. Más aún, han denunciado en un documento, que las villas han pasado a ser "zonas liberadas", funcionales al narcotráfico, y lugares donde la droga está despenalizada de hecho. Allí afirman que ni la fuerza pública ni ningún organismo que represente al Estado "se mete en la vida de estos chicos, que tienen veneno entre sus manos".
Pareciera que la inoperancia y la lentitud para actuar es competencia de todos, y que resolver el problema es de nadie. Frente a esta cruda realidad, el Estado no puede estar más ausente. Y la sociedad toda debe entender que la única prevención perdurable tiene que ver con generar conductas no adictivas, y la única manera de lograrlo es a partir de fortalecer los valores que hoy se desprecian y hasta ridiculizan. Porque poco se logra con un "no" a la droga sin un fuerte "sí" a la vida.