Colombia es el país más ensangrentado de la región. El conflicto armado ha provocado unas 220.000 muertes directas y una ola interna de más de 5 millones de desplazados y refugiados. Después de décadas de acuerdos incumplidos e interrumpidos, el país parece estar en el momento oportuno para crear la paz. Juan Manuel Santos encabeza el proceso, pero en realidad este momento histórico se viene labrando desde que fue ministro de Defensa de Alvaro Uribe, cuando se debilitó a las FARC militarmente, obligándola a negociar.
La opinión pública ya interiorizó que para alcanzar algo de paz, debe renunciar a mucho de justicia. No parece haber otro camino. Vivir en el post conflicto tras la firma final, el 26 de marzo próximo, es el gran desafío para todos. Las armas están hechas para la paz o al menos el uso responsable de ellas, aunque deberían utilizarse en el momento oportuno y nada más.
Vale de ejemplo la justificación histórica que tuvo el presidente George W. Bush después del atentado del 11 de septiembre de 2001 en EEUU. Con la anuencia unánime del Congreso y de una opinión pública golpeada, dolorida y con sed de venganza, lanzó la guerra frontal contra el terrorismo e invadió Irak en busca de armas de destrucción masiva que nunca encontró.
Pasado aquel momento de consenso, se pudo observar el deterioro paulatino de su Presidencia, acusado de mantener una guerra sin justificación, destructiva para el propio EEUU y generadora de mayor terrorismo con nuevos grupos que se sumaban a la barbarie perpetrada por Al Qaeda. También sucedió en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, donde los estados cometieron graves abusos a los derechos humanos por no poner fin a tiempo a la guerra interna contra el terrorismo, al principio avalada por la población.
Para Francia y Rusia, tras los ataques en París y el derribo del avión ruso en Egipto, y con la población a su favor, este es el momento oportuno para la defensa y el contrataque. Los poderes políticos de cada país y aunados en la coalición, pudieron lanzar sin oposición los bombardeos sobre Raqa, la ciudad siria bastión de los terroristas del ISIS, así como tomarán medidas para apoyar a Mali tras los ataques al hotel en Bamako.
En momentos de incertidumbre y amenaza como este, en el que reverdecen los sentimientos nacionalistas, el sentido de patria y seguridad personal y nacional, la opinión pública tolera sin chistar la ampliación del estado de emergencia, las requisiciones, los mayores controles de información en Internet, el registro de datos sin previa autorización judicial, la portación de armas por parte de policías fuera de servicio y el aumento considerable de los presupuestos para seguridad y ciberseguridad.
Medidas todas que en épocas más apacibles son combatidas por grupos de la sociedad civil porque siempre devienen en abusos de Estado. Obama es prueba de ello. Después de criticar el espionaje ciudadano impuesto por Bush, no sólo que no lo desactivó sino que lo usó para espiar a propios y extranjeros. Esto no equivale a que todas las medidas deben desactivarse en épocas apacibles, ya que el terrorismo siempre acecha por más que no ataque. Pero los gobiernos deberían condicionar sus acciones para no cometer abusos a los derechos humanos y evitar el atropello de las libertades de los ciudadanos.