La Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal sobreseyó al líder piquetero oficialista Luis D’Elía, por la toma de la comisaría 24ª de la Boca, en la Capital Federal. El titular de la Federación Tierra y Vivienda había sido procesado, junto a otros dos manifestantes, por incidentes ocurridos el 26 de junio de 2004.
Ese día D’Elía encabezó un grupo que copó la sede policial, furioso por el asesinato del dirigente social Martín "Oso” Cisneros. Ante ello, la jueza, María Angélica Crotto ordenó el desalojo de la seccional y la detención de sus ocupantes, pero su disposición no fue acatada. Por ese motivo los ex funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Justicia, los fiscales Norberto Quantín y José María Campagnoli, fueron acusados de desobedecer la orden judicial para proteger a D’Elía, aliado del Gobierno nacional. Desde entonces, varios jueces han tenido participación en la causa por diferentes motivos.
A pesar del importante número de magistrados y funcionarios de la Justicia que tuvieron participación en la investigación de los hechos en la comisaría, los avances fueron desalentadores, y finalmente ahora termina sobreseído y declarando públicamente que "hoy, volvería a hacer lo mismo”. Ha sido vergonzosa la utilización de los fueros para esquivar a la Justicia en la investigación de acciones reñidas con la ley. En el caso D’Elía, la protección de los fueros como diputado provincial le garantizaron una vida tranquila mientras su mandato estuvo vigente. Una vez vencido, se aseguró la protección oficial al ser designado subsecretario de Tierras para el Hábitat Social por el entonces presidente Néstor Kirchner, un premio por los favores que le hizo al Gobierno.
Es el mismo sujeto que durante un acto público con claras connotaciones xenófobas presentó un cuestionable proyecto de ley tendiente a la expropiación de 296.000 hectáreas en manos privadas, ubicadas en la zona de los Esteros del Iberá. En un claro gesto de abuso de poder, abrió cuatro tranqueras de una estancia perteneciente al empresario norteamericano Douglas Tompkins. Nuestra Constitución garantiza a todos los habitantes de la Nación el derecho a usar y disponer de su propiedad, considerada inviolable.
Esto indica que lo que establecen las normas en un sistema democrático no tiene ningún valor para Luis D’Elía. Y lo peor es que la Justicia pareciera darle la razón a quien ha hecho de la impunidad su mayor capital, burlándose de todos aquellos que cumplen con lo que establecen las leyes.