Esta semana un diputado nacional K presentó un proyecto de ley para que los jueces de todo el país comiencen a pagar el impuesto a las Ganancias. Se ve que las cosas entre algunos integrantes del Poder Judicial y los muchachos de la Presidenta no andan bien y esos roces han provocado que la gestión de Cristina apoye la iniciativa y empiece a amagar con ello. No se sabe, y por ahora no se sabrá, si el oficialismo usará esta nueva herramienta para obtener victorias en distintas batallas judiciales o si es que de verdad están dispuestos a empezar la discusión y rociar, paradójicamente, con algo de Justicia a los hombres que la imparten. El escepticismo en este artículo tiene fundamento: ya hubo varios proyectos, de oficialistas y opositores en las gestiones K y antes, que los Gobiernos de Néstor y Cristina cajonearon. Si la intención fuese real, y con la mayoría parlamentaria de la Presidenta, no le costaría nada sancionarlo, ya sería ley y hoy la discusión pasaría por cuestiones más trascendentes. Pero como acá las cosas se miden con otra vara, habrá que esperar un tiempo para predecir el final. Otra discusión menor, en el país de las largas discusiones banales. Nadie que no sea juez está en desacuerdo, por tanto, a no discutir más y a sancionar.

Un poco de historia

En marzo del año 1996 el Congreso sancionó la ley 24.631, que eliminó la exención del impuesto a las Ganancias para legisladores y jueces. Un mes después la Suprema Corte de Justicia de la Nación firmó una acordada – la 20/96 – y declaró que dicha ley era inaplicable a jueces, funcionarios judiciales, y causahabientes; acordada que sigue vigente hasta el día de hoy. Esos "hombres de justicia" se fueron, los echaron y murieron y hoy las personas que integran ese mismo tribunal son otros. Algunos, según dicen, de inclinación progre como Eugenio Raúl Zaffaroni, quien públicamente salió a reconocer que está bien que los jueces empiecen a pagar Ganancias. No se sabe muy bien cuál es el pensamiento del resto de los miembros del supremo tribunal, ya que no han contestado a los requerimientos públicos sobre el tema. La posición de Zaffaroni, referente nacional, debería marcar "tendencia", como dicen los chicos. Incluso en esta provincia, donde muchos magistrados se referencian en el "más K" de los siete miembros del supremo tribunal.

En San Juan, las excusas que se escuchan son casi cinematográficas: el presidente del colegio de Magistrados y recientemente nombrado camarista, Roberto Pagés, ha dicho que está de acuerdo con pagar, pero que a los magistrados y para no romper la defendida intangibilidad de los sueldos, hay que aumentarles en proporción al dinero que luego les van a descontar, si es que empiezan a pagar Ganancias. Y que los nuevos jueces sí paguen el impuesto desde un comienzo. En sus palabras Pagés incluye, seguramente, un análisis pormenorizado de los derechos de las que gozan los magistrados, incluso él, y está bien que así sea, pero se olvida de un principio mucho más primitivo que el de la intangibilidad de los sueldos de los magistrados, estatus que lograron, como ya se explica más arriba, yendo a contrapelo de una ley sancionada por el Congreso. Pagés se olvida de la igualdad.

Mala excusa

El diputado jujeño que impulsa el nuevo proyecto dice que es para "democratizar" el Poder Judicial y la verdad es que sacarle plata a los jueces para mandarla al fisco, no suena muy democratizante que se diga. Mucho menos cuando ese monto no cambiará la situación económica de este país. Algunos, entre los que se incluye este periodista, pensaron que la idea de "democratización" apuntaba a la inclusión, en el sentido más duro de la palabra. Incluir a todos los que hoy no gozan de Justicia, por un motivo u otro: porque no tienen dinero para hacerlo; porque no conocen sus derechos, ya que nadie se los explicó jamás por su falta de educación; porque la estructura del Poder Judicial no llega a todos los rincones del país; porque la burocracia extiende tanto los tiempos, que al final el que no sabe o no conoce a alguien termina envuelto en miles de fojas sin saber a dónde ir y acaba no recibiendo ese derecho, entre otros problemas. No se soluciona todo lo anterior con 2, 3, 4, 5 o 10 mil pesos que aporte cada juez de la República Argentina. Deben pagar también, por ello no hay discusión, pero no ayuda a democratizar nada, ayuda sólo a una revancha, nada más.

Si uno de los argumentos que se esgrimieron a la hora de sancionar una nueva ley de medios, fue que la vigente hasta ese momento era una ley de la dictadura, con todo el contexto que eso implica, y sólo por tomar un ejemplo, es de esperarse que un principio mucho más antiguo como el de la igualdad va a ser prioridad para esos mismos que apoyaron la modificación a la ley que regula las empresas de medios audiovisuales.

Es buena la discusión aunque venga algo sucia y caprichosa. Es evidente que el Gobierno nacional quiere amedrentar a los jueces con ello: no hay gente manifestándose todos los días en la Plaza de Mayo buscando que se apruebe esta ley, no hay presión popular ni la habrá. Hubo muchos otros legisladores que quisieron lo mismo, en las gestiones K como en anteriores y todos los proyectos terminaron en nada. A pesar de que el móvil no es santo, es probable que la cosa termine bien y el Congreso acabe por hacer justicia. Ojalá y así sea, por el bien de la Justicia y sus hombres.