La prioridad declamada por el Gobierno nacional ha sido la de atender las necesidades de los que menos tienen en primer lugar. Sin embargo esta línea discursiva parece haberse desdibujado con la reciente modificación del Impuesto a las Ganancias. La norma en cuestión, la de subir el mínimo no imponible a $15.000 y la de incrementar las deducciones un 20% para los que ganen entre $15.000 y $25.000, con un guiño especial para los empleados petroleros, a los que el incremento de las deducciones será del 30%, va en contra de beneficiar siempre prioritariamente a los que menos tienen. Esta medida beneficiará a partir de septiembre de 2013 a los argentinos más ricos del país, que son los que se encuentran en el decil de ingresos más altos de Argentina. Los economistas llaman décil más alto al 10% de la población con más altos ingresos. Los argentinos que se encuentran en el décil más alto son aquellos cuyos ingresos van desde los $8.000 mensuales, con un ingreso promedio de $12.632. Es así que esta norma es abiertamente regresiva, pues se beneficiarán los que tienen mayores ingresos en la Argentina.
Un rápido repaso, vía encuesta casera de ingresos, por el mercado laboral a nuestros conocidos más cercanos, nos confirmará que los beneficiarios de esta modificación del Impuesto a las Ganancias, no son los docentes, los policías, los médicos del Sistema Público de Salud, los empleados de comercio, los empleados metalúrgicos, los empleados de la construcción, y la de tantos más trabajadores. La norma en cuestión no solo es pro-rica, sino que también es regresiva porque la resignación de los ingresos que deja de percibir el Estado nacional va a ser cubierto por impuestos más regresivos, uno de ellos la inflación, que termina afectando más dramáticamente a los argentinos de menos ingresos.
Según cálculos de la propia AFIP, los ingresos que dejará de percibir por la aplicación de esta nueva normativa, el llamado costo fiscal, será de aproximadamente unos $ 5.000 millones. La reforma va acompañada de un paquete de medidas que le permitirán recaudar al gobierno, aproximadamente la mitad de esos $ 5.000 millones, mediante la imposición a la transferencia de empresas, y la distribución de dividendos. No hay precisión acerca de cómo se financiará el resto de lo que se deja de recaudar. Sin embargo no hay muchas alternativas para cubrir este desfasaje. La primera de estas alternativas sería dejar de gastar en la misma proporción de la resignación de ingresos, algo de difícil cumplimiento, por la conocida inelasticidad del gasto público a la baja, mas en un año electoral. Con los mercados financieros cerrados, la disyuntiva de financiación de este costo fiscal, se resuelve con mayor inflación.
En conclusión, y por lo rápido, se está intercambiando un impuesto progresivo, que tributaba el sector más alto de la Argentina, por un impuesto inflacionario que afecta al sector de menos ingresos del país.
(*) Contador Público.