La política energética intervencionista que, a lo largo de una década, desalentó la inversión productiva y pulverizó las reservas de gas y petróleo, puso al borde de la quiebra a las empresas del sector eléctrico y llevó a la Argentina al fin del autoabastecimiento y a un creciente déficit comercial energético.
Las reservas de gas natural, fuente primaria de más del 50% de la energía que se consume en el país, han caído casi a la mitad entre 2003 y 2011, en tanto las reservas de petróleo disminuyeron cerca del 10% en igual período. La insuficiencia de la producción ha debido ser compensada con cada vez más importantes compras en el exterior. Hoy la Argentina importa aproximadamente el 25% del gas que consume a precios entre cuatro y seis veces mayores que los fijados por el Gobierno nacional para la producción local.
La cuestión energética es compleja: a los cortes y limitaciones que padece el resto de la demanda energética desde hace tiempo, hay que agregarle otros hechos que agravan el cuadro. Entre ellos, las importaciones en aumento desde 2005, cuando antes exportábamos; las tarifas regaladas, una ficción que ralentiza, pero no evita el impacto inflacionario vía subsidios a parte de la oferta, lo que deteriora el servicio y fomenta el derroche; la reducción de las reservas de gas a la mitad y las de petróleo a una cuarta parte; la ineficiente oferta eléctrica orientada a cubrir los picos de demanda a cualquier costo, económico y ambiental; la cesación de pagos de las empresas distribuidoras de gas y electricidad, última etapa de un proceso del deterioro causado por el congelamiento tarifario, que provoca fallas en las redes cada vez más frecuentes y duraderas.
Si se tiene en cuenta todo esto, entonces comprenderíamos por qué estamos ante una decadencia energética de carácter estructural con visos de agravarse, fruto de una mala praxis y política errada aplicada al sector. En nuestro caso, hacen falta inversiones que superan los 15.000 millones de dólares anuales durante el próximo lustro. Ésa es la cifra que revertiría la decadencia y pondría nuevamente en valor nuestros recursos energéticos, ahora potenciados ante la evidencia de que en el subsuelo contamos con hidrocarburos no convencionales de magnitud global.
Es necesario que el realismo se imponga ante el populismo, y que se tracen directrices para garantizar la estabilidad en las reglas y la seguridad jurídica sin la cual será imposible revertir el proceso de desinversión.