El cuarto aniversario del que ha sido hasta ahora uno de los terremotos más grandes de Sudamérica, ocurrido en Chile el 27 de febrero de 2010, impone la necesidad de no olvidar que vivimos en una zona altamente sísmica y que estos eventos de la naturaleza se pueden presentar de un momento a otro sin que exista, hasta ahora, la posibilidad de predecirlos o anticiparse a sus consecuencias.
El terremoto de Chile provocó medio millar de víctimas fatales y unas 800.000 personas damnificadas, principalmente por haber perdido sus viviendas. También hay que considerar los daños en obras de infraestructura que ocasionaron millonarias pérdidas para el país.
Las enseñanzas dejadas por este gran sismo, con epicentro la localidad chilena de Cobquecura, en la región de Maule y Biobío, a unos 700 kilómetros al Sur de Santiago, están vinculadas a la conciencia sísmica y la forma en que hay que actuar por parte de organismos oficiales, fuerzas de seguridad, grupos de rescatistas y los miembros integrantes de la comunidad civil. Ha quedado claro que resulta de fundamental importancia establecer nuevos procedimientos y líneas de acción, ante una contingencia de estas características, basándose en la nueva configuración que tienen las ciudades, servicios y medios que se disponen actualmente. Hay que recordar que el último gran terremoto que tuvimos en San Juan data de 1977, es decir hace casi 37 años, época en que nuestra provincia tenía una realidad distinta a la que existe en estos momentos.
Actualmente se impone la necesidad de contar con un plan de contingencia que prevea que rol le corresponde desempeñar a cada actor social en medio de la emergencia, sin improvisaciones y con el objeto primordial de salvar vidas y, luego, asegurar la supervivencia de los damnificados.
Desde la prevención sísmica, pasando por las acciones a implementar durante las primeras horas de ocurrido un terremoto, y hasta los procedimientos a cumplir en días posteriores, con el restablecimientos de los servicios esenciales y el aprovisionamiento de alimentos y albergue, son los aspectos a tener debidamente definidos en ciudades que cada vez están más pobladas y presentan numerosas complicaciones urbanísticas y edilicias, como también de circulación y vías de acceso y salida.
Si bien es el Gobierno es el que tiene que coordinar todo este trabajo, a través de Defensa Civil -organismo que siempre está cuestionado por su escasa presencia-, no hay que olvidar que toda la comunidad debe estar predispuesta a participar del plan de contingencia, a través de sus instituciones, colegios de profesionales, cámaras empresariales, y demás sectores de la sociedad.