El emblemático caso Pomar, permite analizar la conducta humana desde distintas ópticas. Por empezar, el misterio de que nadie advirtiera el auto en el pequeño bosque y el que después de que la gente se pronunció al respecto, el gobernador de la provincia Daniel Scioli echara de sus cargos a varios funcionarios del sector encargado de solucionar esos riesgos, no permite conocer toda la realidad.
La pregunta es ¿se echa a algunos funcionarios porque se cree que es un merecido inmediato a un hecho trágico o para que la gente tome el hecho como una gran reprimenda y no haga más cargos contra los que gobierna?
Creemos que es por la segunda opción pero se sabe que ello es inconducente porque lo justo sería apartar a esa gente de sus funciones, ponerla bajo sumario y hacer luego las conclusiones más justas tanto para la función pública como para la ciudadanía.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Carlos Stornelli, primero dijo que los rastrillajes del lugar donde se encontró el auto de los Pomar fue perfecto y luego reconoció que hubo fallas. Ello no ayuda a la comprensión de un problema.
La palabra oficial pierde fuerza de esa manera, más cuando se está ante un caso que conmovió a la opinión pública, y ello revela -además- cierta ligereza en uno de los cargos más altos del poder provincial.
Desde esta semana, por distintas evidencias -por ejemplo que el auto esté brillante después de casi un mes que hubo lluvias y tormentas- se cree que aún no se sabe la verdad sobre ese hecho y que habrá sorpresas después de una verdadera investigación. Se cree -también- que la señora Pomar tuvo una sobrevida hasta que la vencieron las circunstancias.
Hay que preguntarse -entonces- cuánto puede cambiar una verdad explicada desde un cargo oficial para entender después, porqué en determinadas circunstancias se le otorga tan poca credibilidad a quienes hablan desde un gobierno.
La cuestión sigue. Familiares de los Pomar harán denuncias contra algunos medios que
provocaron un grave daño moral.
El abogado de la Familia Pomar, Carlos Ferreyra, sostiene que la policía no hizo los rastrillajes que dijo en la ruta 31. Se están estudiando los elementos de prueba contra las autoridades que encontraron los cuerpos de la familia Pomar 24 días después de haberse accidentado. Dijo, también, que promoverá acciones legales contra la provincia y contra un medio -por Página 12- que "’se ha pasado de la raya” y que insinuó "’supuestas relaciones de una de las nenas con el padre”. Reprochó Ferreyra que "’no se pidió seguimiento satelital donde se podría haber extraviado el automóvil”.
Por algo que corresponde sólo a la competencia humana para salir primero con la noticia, cuando aparece un hecho así es fácil que se desfigure de entrada, lo cual no siempre se aclara luego. Ello confunde a la gente que quiere estar informada. Se necesita del desarrollo de la noticia por lo cual la gente involucrada espera y los lectores pueden desconcertarse. Y, desde el poder político suelen asumirse otras actitudes.
Por ejemplo, el ministro de seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, dijo hace pocos días dos cosas llamativas. Primero que sospecha que los tres homicidios de mujeres cometidos en el conurbano "’podrían haber sido instigados por personal policial en actividad, en retiro o exonerados con el objetivo de desestabilizar al gobierno de Daniel Scioli”. A un ciudadano común que lee esta declaración, lo primero que se le ocurre es que no se puede confiar en la policía.
Segundo, las muertes inexplicables tienen un modus operandi que es "’el reclutamiento de menores y mayores de edad en asentamientos de emergencia a contraprestación paga” para que cometan esos hechos violentos.
Hay una denuncia sobre ambas situaciones y trabajan en ella la SIDE y el área de Inteligencia de la Gendarmería Nacional. Estas situaciones dejan al descubierto que hay una gran desprotección para la gente común en general. Si se leen con atención las reflexiones de Stornelli, se advierte que cada ciudadano está abandonado a su suerte, como tantas veces se escucha decir por radio y o televisión, a los familiares de quienes han sufrido un inexplicable hecho delictivo de esa naturaleza.
Por lo pronto, debería haber campañas por televisión dándole normas a la población general para cuidarse y/o estar alerta ante los nuevos agravios que sufre la sociedad.
Así como se promocionan actos o proyectos de gobierno, ese medio debería ser utilizado para cuidar a la gente.
Cuesta creer que a algún sector del poder se beneficie con la inseguridad que azota a los ciudadanos y que se dejen las cosas como están en beneficio de algo que no se alcanza a visualizar.
La seguridad ha pasado a ser, por lo tanto, el bien social preciado más allá de las circunstancias.