Luego de una sostenida etapa de mal humor social, conflictos políticos y sociales, crisis económica y fuertes cuestionamientos a la calidad de sus gobernantes, parece haberse empezado a modificarse la tendencia negativa en la percepción de la realidad nacional, el Gobierno y su futuro.

El cambio se registra como leve, pero claro en la encuesta de opinión elaborada por la consultora Poliarquía, un día después de los festejos nacionales del Bicentenario y por espacio de una semana. Un 32 por cierto piensa que la situación del país es negativa. Ese porcentaje es sensiblemente menor que el que se registraba en diciembre último, cuando la cifra trepaba al 54 por ciento. Por primera vez desde que se desató la crisis entre el Gobierno y el agro, los optimistas superan a los pesimistas cuando se los interroga sobre sus expectativas hacia el próximo año electoral.

La inseguridad sigue siendo, como ocurre desde hace más de cuatro años, la demanda central de la sociedad argentina. Más allá de su utilización circunstancial en contextos electorales, ni los gobiernos, ni la oposición, como así tampoco las organizaciones de la sociedad civil han logrado definir cuáles son los mecanismos efectivos que permitan mejorar la percepción que los argentinos tienen de este tema. Este vacío tal vez explique, al menos parcialmente, que la segunda preocupación de los argentinos sea la clase dirigente.

El costo de no responder a las demandas de la ciudadanía es, en primer lugar, el desprestigio de los representantes del pueblo. Un mayoritario 80% está poco o nada de acuerdo con tolerar la corruptela en distintos estratos del poder a cambio de ciertos logros. La corrupción actual es vista por el 70% de los consultados como "muy grave”, y otro 24% lo evalúa como "bastante grave”.

Las cuestiones económicas también siguen teniendo una enorme relevancia. El autoelogioso discurso oficial respecto del rumbo de la economía y el auge del consumo estimulado por el Gobierno nacional, pueden llevar al engaño, ya que hay todavía muchos temores a no encontrar empleo, a que no alcance el dinero o a que los precios sigan subiendo.

Las autoridades deberían atacar problemas viejos y nuevos, como la debilidad, ineficiencia y corrupción del Estado, al igual que dar solución real a los problemas que afectan de modo más directo a la población. La sociedad también tiene que debatir de modo serio estas cuestiones y de modo pacífico exigir soluciones efectivas.