En ambos casos se trató de revancha política, por considerar que los jueces pecaron por obra u omisión. En Honduras, el presidente Porfirio Lobo se disgustó porque los magistrados declararon inconstitucional aspectos técnicos de un decreto sobre una necesaria depuración policial. Luego, los legisladores abusaron de poder despidiendo a los jueces, causando inestabilidad, de la que se terminó acusando a los medios por informar.

En Argentina, la presidente encontró la excusa perfecta. Aprovechó la indignación social por la absolución de los acusados de secuestrar y obligar a la joven Marita Verón a la prostitución, aunque en el fondo se trató de una crítica a la Corte Suprema y otros tribunales, por cuestiones contradictorias reclamadas por el gobierno.

Con esa justificación, Cristina de Kirchner dijo que impulsará una reforma en el Congreso para democratizar al Poder Judicial ya que lo ve divorciado de las demandas de la gente. Se trata de cargos mutuos entre ambos poderes, entre los cuales no debe haber interferencias.

Hoy, en Ecuador y Venezuela, luego de pomposas reformas judiciales y tras haberse instalado jueces amigos, y sometido a los independientes, los problemas siguen igual o peor, pero nadie se atreve a procesar o auditar a los gobiernos, pese a denuncias por corrupción, fraude electoral y violación a los derechos humanos.

Varios gobiernos latinoamericanos están demostrando poseer esa posición arbitraria en el proceso de reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que tiene que decidir la OEA en 2013. En venganza por varias decisiones contrarias dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -y opiniones desfavorables de su Relatoría Especial por la Libertad de Expresión- en vez de corregir, admitir vicios o reparar a las víctimas, prefieren coartarle a este organismo su autonomía y libertad para actuar.

La excusa perfecta la dio Brasil, cuando retiró a su embajador de la OEA en 2011, por una decisión de la CIDH que ordenaba detener la construcción de una represa en el Amazonas porque violaba derechos de los indígenas. De aquella decisión se aprovecharon otros gobiernos. Ecuador pidió una reforma profunda del sistema interamericano al catalogar que la defensa de periodistas y de un diario de ese país por parte de la CIDH, era una intromisión a su soberanía.

Venezuela calificó de "mafia" a los comisionados y pese a que nunca cumplió con varias decisiones de la Comisión y Corte interamericanas, decidió retirarse de su jurisdicción; una total contradicción con su flamante puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Colombia y México también ven con buenos ojos una reforma, y aunque dicen pretender mayor eficiencia, quieren limitar a un sistema que tiene muchas denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por sus fuerzas armadas.

Sin duda que los poderes judiciales y el sistema jurídico interamericano necesitan ser más eficientes. Pero esa mejoría debe estar al servicio de la ciudadanía y no de los gobiernos. Que hay jueces malos y corruptos es cierto, como también gobernantes y legisladores. Pero existen formas técnicas para corregir y castigar conductas, evitando someter a todo un poder con destituciones masivas, amenazas y golpes de arrogancia.