Gobiernos latinoamericanos de derecha, centro o izquierda, por igual, han acusado a los medios de comunicación de estar desestabilizando el orden institucional, con la ambición de controlarlos o manipularlos para dominar a la opinión pública, demoler a la oposición y reinar a su antojo.
La estrategia liderada por gobiernos personalistas como los de Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales, no tan distinta de las anteriores de Alberto Fujimori y Carlos Menem al lado opuesto del dial ideológico, es mostrarse victimizados por el "poder corrosivo" de la prensa, a la que prácticamente se le achacan todos los males terrenales.
Ese jugar a la víctima personal del poder mediático "oligárquico e imperialista" les permite justificar el uso de una eficiente estrategia de propaganda con el propósito de defender sus revoluciones y perseguir opositores, para la que no escatiman recursos ni fondos públicos.
Estos gobiernos egocéntricos se afanan en desacreditar y minar la credibilidad de la prensa en todos los sectores sociales. Inducen a pensar que cualquier opinión disonante con el régimen, noticia negativa o investigación que destape corrupción, sin distinción, es un juego manipulador de oposición política destinado a socavar las buenas intenciones revolucionarias para con el pueblo.
Este esquema comunicacional personalista de confrontación, de exposición permanente y obligatorio en los medios de comunicación, lo explota muy bien Chávez, quien celebra sus 10 años de ininterrumpida y maratónica labor con su "Aló Presidente". Alínea así su estrategia de propaganda para generar opinión pública favorable y excusar el cierre de medios "corruptos", como acusa a Globovisión. La misma táctica que usó con éxito contra RCTV, cadena a la que cerró en mayo de 2007, después de una campaña de desprestigio y amenazas iniciada en diciembre de 2006.
Esa misma victimización la expuso el presidente Correa cuando anunció que al asumir el liderazgo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) propondrá crear un organismo "para defender a gobiernos y a la población" de "la prensa corrupta, instrumento de la oligarquía".
Esta faceta de gobierno injuriado también la despliega el presidente boliviano Morales para denigrar a los medios que lo critican, pero no alcanza, claro está, a los que simpatizan con sus revoluciones, como por ejemplo, una red gigantesca de radios y televisoras estatales que han creado los regímenes de Caracas, Quito y La Paz, no para utilizarla como medio público, sino con fin ideológico.
La creación de organismos estatales y observatorios de medios como asimismo los impulsaron la argentina Cristina de Kirchner y el hondureño Manuel Zelaya, es parte de una trama anti medios que incluye amedrentamiento permanente contra la prensa, ya sea mediante la confrontación dialéctica o agresiones directas ejecutadas por fuerzas de choque paraestatales, mecanismos de presión económica, así como la sanción de leyes cada vez más restrictivas.
Es ingenuo pensar que ningún medio o periodista practica un juego político u opositor o que está exento del escrutinio y de la crítica; pero la intervención del Estado debe limitarse a establecer el orden jurídico y legal, allanando el camino para que la justicia castigue los actos corruptos y desestabilizadores concretos de alguna prensa. Como bien le explicó hace poco a Evo Morales el titular de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Enrique Santos Calderón, no se puede confundir ni generalizar en cuestión de medios, porque "una prensa que cuestione y fiscalice no equivale a una prensa sediciosa ni subversiva".
La astucia de la victimización, que se torna una costumbre adictiva entre los presidentes personalistas vigorizándose en una constante "caza de brujas", aumenta el riesgo de que se adopten políticas más peligrosas de control más allá de los medios tradicionales.