La presidenta Cristina de Kirchner anunció una nueva prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2013, del período de gracia que tenían 17 provincias para postergar los pagos de sus vencimientos por las deudas que tienen con la Nación, con lo cual se reducirá en un 40% el total de los servicios de esos pasivos.
De este modo, todos los mandatarios de provincias endeudadas con el Tesoro nacional firmaron la ampliación del Fondo de Desendeudamiento. A cambio de ello, el Ejecutivo puso como condición que todas las provincias y municipios informen antes del 29 de febrero próximo el número total de sus empleados para que esas cifras sean incorporadas al Sistema Integrado de Previsión Argentino. Así, la Nación se aseguraría un control sobre el gasto fiscal, que en muchas provincias es descontrolado, y más aún en años electorales. Esta medida evitará a las provincias lanzar un ajuste adicional en un año que no se presenta como fácil, aunque varias gobernaciones han demostrado que ni siquiera cuando no le pagan las cuotas al Estado nacional consiguen equilibrar sus cuentas.
La tendencia no es buena. Los gastos, al igual que en los números nacionales, crecen en las 17 provincias involucradas más que los ingresos y, no obstante el fuerte crecimiento de la actividad y de la recaudación, aumenta el rojo fiscal. Lanzar un fuerte ajuste y obligar a pagar tendría efectos poco deseables sobre el nivel de actividad. Aumentar aún más los impuestos u obligar a que el sector público del interior se endeude y haga subir las tasas no sería positivo. Varias jurisdicciones provinciales han hecho ajustes, aumentaron los impuestos durante los últimos años de manera significativa y, sin embargo, el déficit no desaparece y su deuda con la Nación crece por la capitalización de intereses en los años de gracia, a los que acaban de agregarse dos más.
La situación es aún más injusta con las provincias que no están endeudadas y que no reciben financiación adicional alguna y que, como Santa Fe, reclaman acreencias desde hace varios años a la Nación. Se debería generar entonces, algún sistema que cree premios y castigos para orientar el equilibrio de las cuentas públicas. También se deberían encontrar mecanismos que eviten que tanto en la nación como en las provincias los gastos crezcan por encima de los ingresos, como ha estado ocurriendo. Utilizar el crédito disponible para sostener déficits crónicos y justificar cualquier aumento del gasto ha sido el origen de descalabros económicos en el pasado, cuya repetición se debería tratar de evitar.