Lo que se califica como la matanza más grande de guanacos, descubierta en los últimos años, dio a conocer la Dirección de Fauna de la Secretaría de Ambiente, responsable de los operativos contra la caza furtiva en San Juan, un tema por demás polémico debido a la tibieza de las penas que generan un estado de impunidad.

Esta vez los guardaparques localizaron en un paraje del cerro Pie de Palo, en Angaco, a dos cazadores munidos de armas de guerra, cuchillos y otros elementos que utilizaron para abatir a siete ejemplares del camélido protegido por la ley provincial 6911, inherente a las responsabilidades asumidas por la provincia ante la Unesco, como en el caso del cuidado, la conservación y la preservación de la Reserva de San Guillermo. También encontraron monturas y evidencias de la presencia de otras personas que habrían participado en las incursiones ilegales.

La razón por la cual la repartición destaca la importancia del operativo, radica en el número de animales cazados con respecto a las incautaciones anteriores en 2004 y 2012, también en Angaco y Zonda, cada una con cinco ejemplares. En todos los casos se entregó a la prensa la documentación gráfica de los hechos consumados y siempre con resguardo de las identidades de los infractores, argumentando que corresponde al ámbito de la Justicia de Faltas, donde históricamente mueren las expectativas de la opinión pública para saber si hubo alguna sentencia aleccionadora que sirva de ejemplo para contener la depredación.

Es que es una simple contravención, con multa y decomiso de las piezas y los elementos secuestrados. Estos últimos, según se ha observado, vuelven luego a sus dueños si son vehículos o equinos, por imperio de los imponderables de la justicia permisiva. A diferencia de un arrebatador, por ejemplo, que es procesado y va preso por el delito, el cazador, el pescador o el leñador furtivo recibe la tibieza de la ambigüedad normativa.

También es criticable el accionar de Ambiente que jamás detuvo a cazadores antes de masacrar a animales salvajes, a los depredadores de los ríos cordilleranos, o camiones con cuadrillas de obreros que ingresan por huellas rurales para talar lo que va quedando de la flora autóctona. El organismo sólo utiliza el impacto mediático de hechos irreversibles, casi siempre precedidos de una denuncia anónima.

Nada cambiará sin imponer una legislación rigurosa y disuasiva, para resguardar un patrimonio que es de la humanidad.