Después de seis meses de conocerse los hechos en torno a la ex Ciccone Calcográfica, el Gobierno nacional decidió intervenir la compañía impresora de billetes y anunció que enviaría un proyecto de ley al Congreso para disponer su expropiación.
El decreto 1338/2012 establece que "resulta imperioso disponer la intervención transitoria de la Compañía de Valores Sudamericana SA por un plazo de sesenta (60) días con el fin de asegurar la continuidad de las actividades de la empresa y la preservación de sus activos y de su patrimonio”. Pero resta conocer los detalles de cómo se impulsará su expropiación y que pueden resultar multimillonarios o por demás incómodos. Ante todo, según cómo se expropie la ex Ciccone, es decir, cómo se calcule lo que vale, puede significar que los misteriosos dueños de la imprenta completen su última operación antes de entregarle las llaves al Estado. Habrá que ver también quién terminará por cobrar el cheque oficial, si debe resarcirla en vez de reclamarle deudas tributarias por más de 300 millones de pesos.
Aún se ignora quién es realmente su dueño. La compleja trama, hasta ahora, abarca a una sociedad ignota: The Old Fund; un prófugo de la Justicia de Estados Unidos, que es Sergio Martínez; un fondo holandés disuelto hace meses: Tierras International Investments; y una sociedad uruguaya: Dusbel SA, con acciones al portador. Entre otras dudas, resta precisar además qué ocurrirá con los empleados y operarios de la ex Ciccone, que muchos de ellos no quieren ser empleados públicos. Hay un dato nada menor y es respecto a quién custodiará de ahora en más toda la documentación sensible, y eventualmente comprometedora, que se encuentra dentro de la ex Ciccone.
Con la promulgación de la ley de expropiación, desde el Gobierno confían cortar con las presunciones que golpean al vicepresidente Amado Boudou desde febrero último por sus presuntos vínculos con el presidente de la imprenta, Alejandro Vandenbroele, y generar, como efecto simultáneo, un mayor flujo de ingresos para la Casa de Moneda. Es de desear, por el bien y la credibilidad de la Nación que esto no pase a ser nuevamente un pésimo negocio que deba pagarlo toda la sociedad y que desaparezcan las sospechas que sólo crean inseguridad y daño hacia la sociedad y a las instituciones.