El autoacuartelamiento de la Policía de Córdoba, el martes último, por demanda salarial, desató la irracionalidad de una delincuencia fortalecida por el oportunismo de la anarquía reinante en una ciudad abandonada a su suerte. Fue una noche de terror, con más de mil comercios saqueados y vecinos aterrorizados que buscaban protegerse de la turba delictiva atrincherados en improvisadas barricadas, con armas, palos y piedras, o encerrados rogando la furia demencial no los alcanzara.
El saldo de dos muertos y casi 300 heridos, más cifras incalculables de daños materiales revelan inoperancia y desinteligencias políticas para contener el estallido de los grupos marginales, que pudo tener réplicas en otros puntos del país, como un caso rápidamente neutralizado en el partido bonaerense de Almirante Brown.
La oleada delictiva que arrasó a Córdoba difiere de los saqueos perpetrados en el país en medio de la crisis económica de 2001, porque los asaltos a comercios no fueron esta vez promovidos por el hambre sino que el blanco preferido por la devastación fueron los artefactos electrónicos, electrodomésticos, motos y hasta joyerías, aunque también los supermercados fueron saqueados sin que los alimentos fueran el móvil determinante.
Córdoba, como territorio liberado, expuesto al delito gracias a una huelga policial, debió tener la rápida reacción de las medidas previstas para estas emergencias, como las tropas de la Gendarmería Nacional asentadas en esa provincia, pero la medida federal quedó presa de interpretaciones constitucionales sobre una seguridad no delegada por las provincias a la Nación. Si bien la Ley de Seguridad Interior especifica en su art. 24 que las fuerzas federales -Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria- sólo pueden actuar en tareas de control social o de delitos en una provincia a pedido del gobernador, -que estaba en esos momentos en Panamá-, también determina que esas fuerzas pueden concurrir por orden de la Justicia Federal, lo que tampoco ocurrió.
Finalmente se impuso la policía cordobesa que obtuvo el aumento reclamado, pero el caos deja un testimonio de como se mezclan las tensiones políticas y la falta de diálogo con el vandalismo agazapado y el resentimiento que espera la oportunidad para desatar el caos.