La evolución en cantidad y crueldad del delito que afecta al país, ya pasó de la supuesta "sensación” con que se calificaba hace un año a la escalada de violencia criminal, para transformarse en un real estado de inseguridad. Incluso lo ha reconocido oficialmente el gobierno porteño, tras loa sucesión de crímenes en esa jurisdicción, además de los ilícitos diarios que nutren la crónica policial.
El tema detonante es la pasividad de las autoridades con competencia directa para controlar esta ola inédita de delincuencia que mantiene en vilo a la sociedad. La crisis de seguridad encabeza las demandas prioritarias de la población, según varias encuestas, motivo suficiente para que tanto el Poder Ejecutivo Nacional como los gobiernos provinciales encuentren los antídotos reclamados.
Brindar seguridad a las personas y sus bienes es deber inalienable del Estado, entre las responsabilidades constitucionales fundamentales. Ello impone instrumentar políticas que representen una cuestión de Estado, como lo exige la gravedad de un contexto delictivo incentivado por el narcotráfico y la marginalidad social. Las medidas preventivas y la actualización de las normas parta impedir la impunidad, son parte de las decisiones que deberían ponerse en marcha de inmediato, pero demoradas inexplicablemente.
La inseguridad creciente implica un insostenible estado de indefensión de la comunidad que requiere medidas excepcionales y la intervención de todos los organismos competentes. En esta instancia sigue ausente el Consejo Nacional de Seguridad Interior, entre otras dependencias de los tres poderes que pueden diseñar los resguardos que el momento exige.