La nueva ley, firmada por el gobernador Rick Scott, prohibe contratar a empresas que estén haciendo negocios en Cuba o con Siria, por valores superiores a un millón de dólares, y prohibe a los fondos de pensión del Estado de Florida invertir en esas empresas. Alrededor de 200 empresas extranjeras podrían caer dentro de una de esas dos categorías, incluyendo al gigante brasileño de ingeniería y construcción Odebrecht USA, con sede en Miami, con una subsidiaria que está haciendo mejoras en el puerto cubano del Mariel.
El congresista republicano David Rivera, de Miami, uno de los principales partidarios de la ley, rechazó la crítica de que la norma viola el mandato constitucional según el cual el gobierno federal -y no los estados- debe conducir la política exterior del país, y de que la ley de Florida ahuyentará a los inversores extranjeros. Rivera me dijo que la nueva ley de Florida no contradice el mandato constitucional, porque según él la ley estatal se refiere al derecho del Estado de manejar sus fondos públicos, y "no tiene nada que ver con la política exterior del país”.
"La nueva ley de Florida no impide que las empresas extranjeras hagan cualquier tipo de negocios en el sector privado del Estado”, dijo Rivera. "Solamente dice que si las empresas quieren hacer negocios con ciudades o condados de la Florida, tienen que decidir si prefieren comerciar con un régimen terrorista o si quieren hacer negocios en este Estado”.
La Cámara de Comercio de Florida y otros grupos empresariales han criticado la ley, diciendo que perjudicará el clima de negocios de Florida. Para mi sorpresa, incluso republicanos cubanoamericanos de alto perfil como J. Antonio "Tony” Villamil, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Saint Thomas y ex subsecretario de Comercio en la administración de George W. Bush, me dijeron que la nueva ley es contraproducente.
Villamil me dijo que la ley es "inconstitucional, porque viola el mandato de que es el gobierno federal quien debe manejar la política exterior y viola las reglas de la Organización Mundial del Comercio que disponen que nadie puede discriminar a una empresa extranjera ni crear empresas de segunda categoría”. Y agregó: "Después de todas esas misiones comerciales que Florida y el gobernador han realizado en todo el mundo, incluyendo Brasil, diciéndoles a las empresas extranjeras que les damos la bienvenida en la Florida, ahora las estamos excluyendo de los más importantes contratos estatales”. "Y no ayuda para nada a instaurar la libertad en Cuba”, dijo Villamil.
Para ganar puntos con el régimen cubano, estados como Iowa y Kansas, que quieren aumentar sus ya significativas exportaciones de alimentos a la isla, tratarían de promover sus lazos con compañías que hacen allí negocios. Curiosamente, los octogenarios dictadores de Cuba serían los principales beneficiarios.