Es muy frecuente que los medios de comunicación informen periódicamente sobre las decenas de miles de juicios que existen en nuestro país en materia de seguridad social, sobre todo en relación a las prestaciones a los jubilados. La cantidad de juicios que se acumulan son un motivo de preocupación porque pueden generar serias dificultades en el subsistema de previsión social y afectar a todo el sistema de seguridad y a la economía en general. En otras palabras, se trata de un tema de primer orden por su alto impacto en las políticas sociales de una nación.

En los últimos días, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), logró frenar más de 4.500 juicios de jubilados que exigen un reajuste de sus haberes, en base a fallos de la Corte Suprema que el organismo soslaya sistemáticamente. Detrás de la mayoría de los juicios están los pedidos de los jubilados que buscan una actualización de sus prestaciones, que se vieron deterioradas por la acción de la inflación. Es trascendente preguntarse si detrás de esa cantidad de planteos judiciales no existe una discusión de fondo sobre cómo se diseña un sistema previsional, cuáles son sus objetivos, prioridades y los principios que lo definen.

La consideración de la seguridad social como un derecho humano y las consecuentes políticas públicas llevadas adelante para lograr cada vez más inclusión, implican un cambio de paradigma en lo que respecta a la concepción, diseño, prioridades, principios y objetivos de un sistema nacional de la seguridad social. El nuevo paradigma de la previsión social, tiene su eje en la persona humana y en su dignidad inalienable, y persigue como objetivo la inclusión, que consiste principalmente en ampliar cada vez más la cobertura aunque no se corresponda con los aportes que se hayan efectuado y buscando que el sistema contribuya a la redistribución de la riqueza y a la justicia social. A mayores aportes, mayores derechos. Por consiguiente, lo que está en juego es una discusión de fondo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo por un lado, y el Judicial por el otro, sobre cuál es la concepción vigente en materia de seguridad social. No hay dudas de que quienes tienen que adecuarse a los nuevos paradigmas y hacer cumplir con los tratados internacionales que rigen la materia son los jueces.

El tiempo de los jubilados no es el del resto de la población.