En medio de la ola de frío polar, que comenzó a menguar pero que volvería la semana próxima, y mientras los usuarios residenciales ya sufren la restricción de gas, el Gobierno nacional redistribuyó partidas presupuestarias que pertenecían a las provincias y destinó 1.500 millones de pesos para asegurar la provisión de energía eléctrica.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Decisión Administrativa 499/2010 y, mediante los superpoderes que aún detenta la Jefatura de Gabinete, prevé el envío de 1.000 millones de pesos a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) para asegurar el suministro energético, tal como lo explican los fundamentos de la norma. Con mayor precisión, en los considerandos se afirma además que resulta necesario incrementar el presupuesto vigente de la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Planificación Federal para asegurar el suministro de energía eléctrica. En tal sentido se decidió reforzar las transferencias de fondos a la Cammesa y a la empresa Energía Argentina S.A (Enarsa). Es que, según la norma, también irán otros 500 millones de pesos para la empresa estatal encargada de la importación de energía.
El Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial era el origen del dinero que se usará ahora para paliar la crisis energética, que actualmente deviene en cortes de gas a las industrias, restricciones para los usuarios residenciales y faltantes de GNC en algunas estaciones de servicio. En los últimos años la explotación petrolera demuestra que se perforaron 103 pozos exploratorios en 1998; 75, en 1998 y sólo 54, el año 2008, según la Secretaría de Energía.
En el informe elaborado el año pasado por ocho ex secretarios de Energía señala que la Argentina se encamina hacia a la pérdida del autoabastecimiento energético. El sector privado no cuenta en la situación actual con las condiciones mínimas para invertir, y el Estado, cuando lo hace -a través de Enarsa por ejemplo-, actúa en forma no planificada y recurriendo la más de las veces a costosas soluciones de urgencia. El sistema energético está manejado con visión cortoplacista; sin planificación a largo plazo, e inversiones retrasadas y, como consecuencia, exhibe un funcionamiento técnicamente deficiente con perspectivas de agravarse.
Es imprescindible una modificación de la política de precios y de regulaciones en el sector que permita afrontar sin titubeos y de manera urgente la crisis energética, que ya no se puede seguir subestimando.