El 1 de marzo pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un tramo de su discurso anual ante el Parlamento, afirmó que la participación del salario en el ingreso nacional se ubica en el 43,6%.
Considerando que ese índice -de acuerdo al Indec- era del 34,2 % en 2002, el papel fundamental del salario en la economía y el objetivo de mejorar el bienestar social, el dato resultaría auspicioso.
El ingreso nacional, explica la literatura económica, es la suma del producto bruto más el resultado del intercambio comercial con el exterior, actualmente superavitario.
El indicador de la distribución funcional del ingreso, señala cuanto del ingreso total generado por la actividad económica queda en manos de los trabajadores, que parte va a las empresas, a los cuentapropistas y demás unidades de producción, por ejemplo los intereses del capital y la renta de la tierra. Este índice, y otros que describen la actividad económica, como el PBI, datan de los años 50.
Para calcular la participación del salario en el ingreso, se trabaja con una serie de datos, como las remuneraciones de los trabajadores formales e informales y el valor del PBI a precios del mercado, incorporando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) en el proceso.
El ingreso nacional siempre ha sido empleado como instrumento de medición del desarrollo económico del país, porque es la base que permite estimar el ingreso por habitante o per cápita. Sin embargo, algunos autores argumentan que el verdadero objetivo del desarrollo es el bienestar del país y el ingreso por habitante no lo refleja con fidelidad, dado que más importante es la manera en que el ingreso está distribuido.
El porcentual del 43,6 % se encontraría en sintonía con los que, en promedio, se registraban entre los años 60 (gobierno de Arturo Illia, ejecutor de una política económica keynesiana) y mediados de los 70 (tercer gobierno peronista).
Sin embargo, el análisis no debiera concluir en el número que expresa el índice, que en principio, sólo es un resumen fundamentado de determinada información que oportunamente se recolectó.
Debe tomarse al índice como un punto de partida para corregir situaciones negativas o socialmente injustas y procurar cambios mediante la política económica que desarrolla un gobierno democrático.