El papa Francisco ha manifestado que la Iglesia debe ingresar en la política, contrariamente a la abstención que se supone, pero dejó en claro que tal intervención institucional debe ser en la alta política, es decir la que fortalece la democracia, diferenciándola claramente de la militancia sectorial.
Jorge Bergoglio hizo tal afirmación recientemente, en ocasión del seminario sobre trata de personas y criminalidad de la Academia de Ciencias del Vaticano, que reunió a jueces de más de diez países, entre ellos los argentinos Ricardo Lorenzetti, María Servini de Cubría y Sebastián Casanello. El pontífice criticó sin nombrarlos a quienes ‘quieren dar una visión ilustrada de lo que debe ser una academia” y, por el contrario, afirmó que ‘no cabe el adagio de que la Iglesia no deba meterse en política: la Iglesia debe meterse en la alta política, porque como sostuvo Pablo VI, la política es una de las formas más altas del amor, de la caridad.”
El Papa asoció su mensaje a la corrupción, que calificó como uno de los más grandes males sociales del mundo en todos los niveles, la cual debilita cualquier gobierno, la democracia participativa y la actividad de la justicia, y de definir como ‘verdaderos crímenes de lesa humanidad” a la trata, tráfico de personas y las nuevas formas de esclavitud, como el trabajo forzado, la prostitución, el tráfico de órganos, el comercio de la droga y el crimen organizado.
En ese contexto puso énfasis en la misión esencial de establecer la justicia sin la cual no hay ni orden, ni desarrollo sostenible e integral, ni paz social, apelando a la vocación de los jueces para que se defiendan de caer en la telaraña de las corrupciones y a sentirse y proclamarse libres de las presiones de los gobiernos, del ámbito privado y, naturalmente, de las asociaciones ilícitas.
También en esa línea, Francisco surgió aplicar la praxis italiana de recuperar los bienes mal habidos de los traficantes y delincuentes para ofrecerlos a la sociedad. Un mensaje de absoluta actualidad en Argentina, en que la justicia está inmersa en investigaciones de corrupción por exacciones al Estado, enriquecimientos ilícitos y bienes de dudosa obtención ligados a la política. Es decir, justa condena a los responsables y recuperación de los cuantiosos bienes mal habidos para destinarlos a obras prioritarias.
Es clara la legitimidad de la Iglesia para incursionar en la alta política, como defensora de la paz y del bienestar social, como lo señala la propia Doctrina Social y la propia tarea apostólica de Francisco, más allá de credos e ideologías.