Escribo esta nota en mi condición de madre de familia, para manifestar mi preocupación en torno a la falta de actuación de la Justicia en nuestro país en temas referidos a los valores morales de nuestra sociedad, tal el caso de la Resolución del Ministerio de Salud de la Nación que instrumenta un nuevo "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo". Este instrumento está viciado de inconstitucionalidad y por ende avala el homicidio de los niños por nacer en nuestro país, que oportunamente debatió de manera seria y rechazó de forma contundente el Congreso de la Nación al abordar el tratamiento de la Ley del Aborto.
En este sentido adhiero a lo expresado por el Centro de Bioética, Persona y Familia, con la colaboración de la Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles (Prodeci), marcando: "El Protocolo, que conforma el Anexo 1 de la Resolución, consta de 79 páginas y merece numerosas críticas por violentar derechos fundamentales del ordenamiento jurídico". Se llegó a esta conclusión al analizar en forma pormenorizada la resolución ministerial.
Coincido en que, entre otros errores, la Resolución "tergiversa el Código Penal en la causal ‘salud’", "invoca como fundamento una ley que excluye el aborto", "obliga a ofrecer el aborto a toda embarazada" y "coarta la libertad de los médicos y los responsabiliza por mayores daños".
Pero además, y como si esto fuera poco, "promueve el aborto a simple demanda"; "promueve el aborto hasta el final del embarazo"; "limita la objeción de conciencia; discrimina a los trabajadores y restringe su carrera profesional"; "retacea información para el consentimiento e incumple la ley de derechos del paciente manipulando los resultados de la ecografía".
También "promueve el aborto a través de medicamentos no autorizados en la Argentina”; "desconoce las disposiciones del Código Civil y Comercial sobre capacidad de las personas menores de edad y responsabilidad parental", "impone una premura por abortar"; "invisibiliza a la persona por nacer" y "violenta el derecho a la vida".
Así, el Ministro de Salud de la Nación, sin considerar lo expresado oportunamente por la mayoría del pueblo argentino, aprobó el "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo", por resolución 1-2019 publicada en el Boletín Oficial el 13 de diciembre pasado; siguiendo casi textualmente la versión aprobada por la resolución 3158-2019 de la Secretaría de Salud del anterior gobierno y que había sido derogada por decreto 785-2019.
Finalmente y tal como era de esperarse de un trabajo "de apuro", este protocolo en sus 79 páginas integrantes del anexo I de dicha resolución, no hace más que cosechar numerosas críticas por violentar derechos fundamentales del ordenamiento jurídico nacional e internacional.
Por María Rodríguez DNI 23.345.453