Los 61 cuerpos hallados el viernes último en un crematorio abandonado cercano a Acapulco, generó expectativa en torno a la desaparición de los 43 estudiantes secundarios que protestaban por la violencia que sacude a México, reclamando seguridad a las autoridades ante una corrupción generalizada infiltrada en todos los poderes del Estado.
Los jóvenes manifestantes presuntamente fueron detenidos y secuestrados en la localidad de Iguala por policías corruptos que responden a los cárteles de la droga y luego posiblemente asesinados por los narcos. Si bien la decena de cadáveres en descomposición podría tratarse de una negligencia de los responsables de esas instalaciones, no por ello se descarta la presencia de víctimas de la marcha estudiantil, ya que el poder del narcotráfico domina la región. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, enfrenta una grave crisis por la desaparición de los estudiantes, un caso que dejó al descubierto la impunidad y corrupción que prometió eliminar en su campaña electoral.
El mandatario ni siquiera ha dado palabras esperanzadoras al pueblo del Estado de Guerrero, uno de los más pobres de México, donde desaparecieron los 43 estudiantes de magisterio. Los padres de esos jóvenes sólo tienen la solidaridad internacional y, además, asumieron las investigaciones donde sólo uno de los chicos fue identificado en exámenes de ADN en un laboratorio de Austria, mientras sostienen la esperanza de que estarían en poder de las fuerzas armadas. Algunos sobrevivientes del ataque de Iguala han declarado que militares y policías federales tuvieron presencia en esa fatídica noche.
Unas 20.000 personas han desaparecido desde la militarización de la guerra contra las drogas en 2006, además de unos 80.000 muertos, según cifras oficiales. Pero la sucesión de desapariciones que ningún gobierno ha podido aclarar representa un serio problema porque México no ha cumplido con muchos compromisos internacionales y no cuenta con un registro eficaz, exhaustivo y transparente, según un informe que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó el lunes último ante la ONU.
El salvajismo narco es la manera de dominación territorial. El asesinato de cuatro niños, en una zona rural de Colombia, coincidente con el hallazgo mexicano, estremece a ese país sumido en un conflicto armado de medio siglo. El presidente Juan Manuel Santos lo señaló como un caso más de intolerancia, sin advertir la impunidad de la insurgencia.