La presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió que los militares colaboren en la lucha contra el narcotráfico. El denominado Plan Escudo Norte prevé la instalación de 20 radares terrestres del Ejército, patrullajes con aviones Pucará y la colocación, en la ciudad de Santiago del Estero, del primer radar 3D fabricado por el Invap, empresa argentina dedicada al diseño y construcción de sistemas tecnológicos complejos.

Si bien ya se realizan controles del espacio aéreo por parte de la Fuerza Aérea y del Ejército, la utilización de radares militares para el control de pasos fronterizos es una novedad. El radar ahora instalado es un prototipo que ya fue probado en ejercicios militares con buenos resultados y forma parte de un pedido de seis radares militares cuya fabricación encargó el Ministerio de Planificación al Invap. El costo del primer equipo fue de 165 millones de pesos y el contrato por los seis aparatos es de 460 millones de pesos. Su alcance es estimado en más de 400 kilómetros y se prevé que el resto del sistema militar sea instalado en el Norte del país en el lapso de dos años.

Más allá del anuncio presidencial, el plan de usar radares terrestres militares en las fronteras se ubica en un confuso límite frente a las leyes de defensa y de seguridad interior. El Gobierno se basa en el artículo 27 de la Ley Policial, que establece el permiso de contar con soporte logístico por parte de las Fuerzas Armadas. Los radares entrarían en ese rubro, aunque para que se habilite esa posibilidad debería ser solicitada por un comité de crisis de seguridad interior. El propio gobierno de Cristina Fernández es el que reglamentó el año pasado la Ley de Defensa.

El primer artículo de esa normativa no deja lugar a dudas, ya que allí se afirma que los militares sólo pueden ser empleados frente a la agresión de fuerzas armadas regulares de otro país. Esa definición no resulta casual, ya que se buscó dejar fuera de las hipótesis de conflicto, denominadas ahora como preparación de capacidades, a las llamadas nuevas amenazas, entre ellas, el narcotráfico. En ese momento, la intención era frenar la iniciativa de los Estados Unidos tendiente a favorecer el empleo de militares latinoamericanos en luchas contra las drogas y el terrorismo. Resulta paradójico que ahora sea la propia Presidenta la que anuncia públicamente que usará sistemas militares para combatir al narcotráfico.

Pareciera que algo comienza a cambiar, ya que las Fuerzas Armadas, luego de ser sistemáticamente denostadas, comienzan a ser consideradas.