Quien ambiciona el poder absoluto, primero tiene que adueñarse de la verdad. Para ello, su necesidad indispensable es mantener la divergencia a niveles mínimos, limitar la información y castigar la crítica. Cuba es maestra en el uso de esta metodología. Venezuela está a medio camino. Mientras que Ecuador ya mostró sus primeras armas para silenciar al periodismo y, así, restringir el disenso.
La fórmula es fácil y perversa. Casi todos los gobiernos de tinte autoritario se justifican detrás de constituciones hechas a su medida y semejanza en las que incluyen normas de apariencia inocente que, en el futuro, les sirve para dictar leyes reguladoras y controladoras contra los medios y sus contenidos.
Así como la cláusula de "información veraz" de la constitución venezolana sirvió para sancionar la ley de Responsabilidad Social con la que se cerraron televisoras, radios y se persigue a periodistas, la nueva carta magna ecuatoriana exige información "veraz, verificada, oportuna, contextualizada", lo que posibilita al presidente Rafael Correa sancionar a quien se aparte de la verdad oficial.
Ante ese peligro, en República Dominicana, se logró hace poco derribar la norma de "información veraz", incluida en la reforma constitucional, mientras que en Bolivia habrá que ver si Evo Morales, después de ganar las elecciones de diciembre, dictará leyes de control inspirándose en su Constitución, que ordena a la información ser "veraz y responsable".
Valiéndose de las debilidades de alguna prensa éticamente cuestionable, y rechazando a la investigativa por sus denuncias sobre corrupción, Correa creó un clima de hostilidad y desprestigio contra todos los informadores, a los que alecciona con llamados públicos a la responsabilidad por ser "mentirosos, corruptos, desestabilizadores y enemigos de la revolución".
La semana pasada, tras una visita de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que expresó sus críticas en Quito, Correa calificó su propuesta como "proyecto estrella del gobierno". La ley, que podría sancionarse antes de fin de año, hace de la ética periodística un deber legal. Exige a los medios la adopción de códigos de ética y contratación de ombudsman, creando organismos cuasi judiciales que vigilarán la aplicación de los estándares éticos en la información, pudiendo cerrar a medios que reiteren fallas informativas; tan simples como la publicación de un titular desacertado y una foto grotesca o tan complejas como la denuncia en contra de un funcionario corrupto.
Correa promete que no habrá intromisión en los contenidos, pero motivará a mucha gente para que denuncie fallas morales en los medios, provocándose autocensura, silencio y un declive del periodismo investigativo. Además, la reglamentación de la ley tendrá que conciliar un código de ética universal, enajenándose así el derecho a una línea editorial propia e independiente, como estipulan principios básicos de la libertad de prensa.
En aras de la igualdad, la nueva ley divide en 33% la propiedad creando medios públicos, comunitarios y privados. Pero en un país, donde el gobierno ya controla el 70% de la televisión por aire después de expropiaciones a privados y donde no existe conciencia sobre el papel de los medios públicos, usados solo para hacer propaganda, no es difícil advertir que se busca consolidar una plataforma mediática gubernamental, monopolizar la verdad oficial y minimizar a la prensa independiente.
Esta dice proteger a los ciudadanos de los abusos de los periodistas, cuando lo que busca es evitar que haya reflectores iluminando las acciones del gobierno.
"CON LA FICCIóN creada -constitución y clima hostil- muchos desprevenidos creen que todos los males se resuelven maniatando a la prensa ‘perversa’ que solo busca defender sus intereses".