La premisa de eliminar los "paraísos fiscales", aprobada en abril último por el grupo de naciones desarrolladas y emergentes, el G-20, incluida Argentina, sigue estancada por los enormes intereses en juego.
La urgencia la planteó el presidente Barack Obama, transparentar las medidas anticrisis de Estados Unidos, sin que se avanzara hacia la solución reclamada. El martes pasado, en Berlín, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) arremetió contra los paraísos fiscales, a fin de lograr el intercambio de datos entre los países miembros.
Los cuestionados refugios de capitales -algunos sospechados- proliferan desde la década del 60, favorecidos por la política de descolonización de la ONU y con argucias legales y económicas para burlar el derecho internacional. Los depósitos actuales en más de medio centenar de esos micro estados, algunos en pequeñas islas caribeñas, es impresionante: más de un billón de dólares.
Según la OSDE, la fuga de capitales alemanes hacia los paraísos fiscales representa una pérdida fiscal anual de 100.000 millones de euros, por lo que pidió acuerdos con multilaterales de información cruzada de movimientos financieros y cercar así, en una "lista negra" a los paraísos fiscales. Suiza, acusada del secreto bancario permisivo, desea mejorar su imagen con rigurosa transparencia.
Lo importante es replantear el derecho en relación a la soberanía de los países implicados y cambiar en profundidad las normas del derecho internacional privado, especialmente lo relativo a las personas jurídicas.