El bosque nativo de nuestra provincia prácticamente ha sido extinguido por efecto la ampliación de la frontera agrícola en los principales valles donde se asientan los cultivos y, por otro lado, la tala irracional que casi ha terminado con las especies autóctonas, lo que ha permitido el avance irreversible de la desertización en muchos lugares.

A pesar de este retroceso ecológico, afortunadamente se han puesto en marcha medidas tendientes a compatibilizar el manejo de los suelos con los proyectos económicos para que sean sustentables sin restringir la superficie boscosa que la hubiera o bien recuperar este patrimonio que es vital en San Juan. Para ello el gobierno provincial hizo un llamado, el jueves último, a quienes posean bosque nativos en sus propiedades a fin de que puedan desarrollar sus actividades en el marco de la ley nacional 26.331 de protección de las superficies boscosas naturales.

Según la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, se dispone en ese organismo de gobierno de una asignación de 11 millones de pesos para las acciones proteccionistas sustentables que se pretenden. La norma citada, referida a los presupuestos mínimos para la conservación de bosques nativos, es compatible con la ley provincial 8174 que fija el ordenamiento territorial para la explotación sustentable de la superficie protegida.

En el mapa de zonificación provincial de las áreas restringidas del bosque nativo, el territorio aparece en color amarillo, es decir un nivel medio lo que permite implementar actividades productivas acordes con el medio, para las que se ha destinado ayuda estatal y también para proyectos de recuperación de la flora autóctona. Los planes de las personas físicas y jurídicas pueden ser presentados hasta fines de julio venidero, para que luego de ser evaluados se presenten ante al Poder Ejecutivo Nacional, quien dará la aprobación definitiva, y puedan recibir la compensación económica correspondiente al proyecto productivo.

La reforestación y el manejo sustentable de las zonas amparadas por la legislación nacional, adquieren en San Juan un papel trascendente por las particularidades de nuestro clima semidesértico y la ausencia de los recursos arbóreos naturales, diezmados sistemáticamente por no mediar políticas activas para el aprovechamiento de la madera, o la implantación de cultivos, sin que afecten no sólo a los bosques sino a las tierras que tras las talas quedan inutilizadas por la erosión.