Ya puedo imaginarme a Hugo Chávez, o Rafael Correa, o a otros demagogos latinoamericanos, del Medio Oriente y Asia diciendo: "Si Gran Bretaña está considerando abiertamente adoptar mecanismos más severos para controlar los excesos de los medios, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros?” De hecho, desde que se informó que News of the World, había incurrido en pinchaduras telefónicas aparentemente ilegales, sobornos y otras tácticas oscuras para obtener primicias periodísticas, el primer ministro David Cameron y otros políticos y formadores de opinión han pedido que se implementen nuevos sistemas para evitar actividades ilegales de los medios. El primer ministro, que está siendo atacado por su cercanía al imperio mediático de Murdoch, propone reemplazar a la Comisión de Quejas por una comisión externa que sería independiente, tanto de las empresas mediáticas como del gobierno.
Janine Gibson, la directora de The Guardian, el periódico que encabezó la investigación de las prácticas dudosas de News of the World, escribió el 8 de julio que la Comisión de Quejas fracasó en gran medida porque "sus financiadores”, los dueños de los medios, no exigieron que la comisión contratara a un ente externo para investigar al periódico de Murdoch. Y propuso la creación "de un organismo independiente, financiado por el gobierno, pero que de ninguna manera deba responder al gobierno” para reemplazar a la Comisión de Quejas.
Algunos analistas de medios, como Juan Cole, de la Universidad de Michigan, apoyan la idea de regresar a la doctrina de la información balanceada, que existió en EEUU desde 1949 hasta 1987, y que permitía a la Comisión Federal de Comunicaciones exigir a las empresas de radio y televisión que informaran de una manera que la comisión juzgara como "justa” y "balanceada”.
Cuba no permite la libertad de prensa y Venezuela aprobó en 2004 una ley de medios que faculta al gobierno monitorear los contenidos de radio y TV. Ecuador, a su vez, está a punto de aprobar un proyecto de ley que creará una comisión reguladora para supervisar los medios impresos y electrónicos. La propuesta de Rafael Correa, sería la peor de América latina, después de la cubana. Ricardo Trotti, director de libertad de prensa de la SIP, me dijo desde Quito, que todo indica que el proyecto se aprobará muy pronto. La nueva ley creará una comisión reguladora de medios con una mayoría designada por el gobierno. "El peligro es que esta comisión podrá castigar a los medios, y permitirle al presidente interferir con los contenidos editoriales”. "Creemos que la mejor manera de regular a los medios es someterlos a las leyes generales que se aplican a la población”, dijo Trotti.