Se cumplen hoy 29 años del inicio del juicio de un tribunal civil a los jefes militares del llamado Proceso de Reorganización Nacional, un golpe de Estado por el que fueron condenados en un hecho sin precedentes tanto en Argentina como en América latina.
Al retornar la democracia, y a sólo cinco días asumir, el presidente Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), presidida por Ernesto Sábato e integrada por personalidades independientes, para relevar, documentar y registrar casos de violaciones a los derechos humanos, y así fundamentar las acusaciones. Ese mismo día, Alfonsín firmó los decretos 157 y 158. El primero ordenaba enjuiciar a los cabecillas de las organizaciones guerrilleras ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y Montoneros y el segundo a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el 24 de marzo de 1976, hasta la Guerra de las Malvinas.
La Conadep constató la desaparición de "cerca de 9.000” personas como consecuencia de los secuestros y otros crímenes de la dictadura y dio detalles de la represión y de los centros clandestinos de detención. La Cámara Federal. integrada Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés D"Alessio, y la Fiscalía, con Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo, completaron un proceso judicial observado en el plano internacional como un modelo para aquellos países donde hubo hubo golpes militares.
Las sentencias dictadas por la Cámara Federal el 9 de diciembre de 1985, tras 900 horas de audiencias entre el 22 de abril y el 14 de agosto de ese año, contrastaron fuertemente entonces con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica, por acontecimientos similares.
Pero como en tantos vaivenes e incoherencias políticas de nuestra historia, la condena ejemplar, a algunos de los integrantes de las tres primeras juntas militares, quedaron en la nada por los indultos del presidente Carlos Menem en 1990, hasta que a partir de 2006 se declararon inconstitucionales y las severas condenas se están cumpliendo.
La historia no cierra aún: el decreto 157 de Alfonsín para enjuiciar a los subversivos, sigue pendiente.