Luego del fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia anulando el polémico aumento de las tarifas del gas a los usuarios residenciales (25% de la facturación), el Gobierno nacional está cumpliendo los pasos administrativos correspondientes. Ya anunció la fecha de las audiencias públicas, omitidas por el Ejecutivo, y se ordenó al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) retrotraer el cuadro tarifario al 31 de marzo último para los beneficiarios, en tanto para la industria y el comercio ratificó la suba del 500% como máximo.
En principio parecería resuelto el conflictivo precio que estuvo prácticamente congelado durante una década, mientras la Argentina pasaba de productor a importador por falta de inversiones en el sistema. Sin embargo queda un desequilibrio a resolver en el plano fiscal, energético y económico, tanto de la producción como de los consumidores.
El fallo judicial amplía las distorsiones de precios relativos y las inequidades sociales, porque un usuario de alto poder adquisitivo seguirá pagando 150 pesos mensuales en promedio, mientras que una garrafa social cuesta 97 pesos (si se consigue a ese precio) y una familia pobre necesita varias por mes para atender mínimos requerimientos. Además el dictamen suspende el aumento que tiene menor incidencia en el precio de la factura residencial, ya que si se consume 10 pesos de gas, $7 corresponden a gas en boca y 3 a transporte y distribución. Una factura de $14 tiene unos $4 de impuestos y cargos, es decir, son más caros los impuestos que el transporte y la distribución.
Los analistas señalan que desde el punto de vista energético y económico, se perjudica más a los tramos vulnerables del sector gasífero, ya que el principal cuello de botella está en transporte y la distribución, no en boca de pozo si se produjera o importado. Tampoco hay infraestructura de transporte y de distribución para abastecer mejor al consumidor: gasoductos destinados a centros urbanos y polos industriales.
Pero más allá de un sistema seriamente comprometido, que necesitará inversiones a largo plazo para la recuperación y ampliación, la subsidiaridad será pagada por todos, incluidos los sectores sociales más vulnerables que no tienen gas por redes y utilizan las onerosas garrafas. Y el mayor déficit fiscal sería financiado con más deuda o impuesto inflacionario.