Casi dos millones de brasileños, autoconvocados por las redes sociales, protagonizaron el domingo pasado una protesta histórica contra el gobierno de Dilma Rousseff. El hartazgo de la ciudadanía por el escándalo de Petrobras, la empresa estatal de la que formó parte la Presidenta, y ante una creciente crisis económica que registró una inflación del 8% anual.
La masiva presencia humana en las calles de unas 200 ciudades enarbolando únicamente la bandera nacional y con la sola consigna de exigir cambios inmediatos, más la amenaza de pedir el juicio político de la mandataria si no cambiaba el rumbo de su gobierno, provocó la reacción inmediata de Dilma con la promesa de actuar con más humildad y diálogo con todos los sectores representativos de los 200 millones de habitantes.
A diferencia de los gobiernos autoritarios, que se atrincheran en posiciones irreductibles frente a la realidad, Rousseff puso en marcha un "paquete anticorrupción” que incluye la posibilidad de confiscar bienes de funcionarios públicos que acumulen un patrimonio incompatible con sus ingresos y no logren demostrar que fueron adquiridos con recursos legales. Además, se convertirá en delito penal el uso de recursos no declarados al fisco y a la Corte Electoral en campañas políticas, una práctica muy usual en Brasil.
El escándalo de la petrolera estatal fue la gota que colmó el vaso al conocerse que una red ilegal operó entre 2004 y 2012, desviando recursos de contratos de Petrobras para pagar sobornos y financiar campañas políticas del gobernante Partido de los Trabajadores. Más irritación causó el hecho de que Dilma presidió durante ocho años el Consejo de Administración de Petrobras y negó conocer las prácticas ilegales de la empresa, y tampoco está entre los políticos investigados por corrupción.
La situación general de Brasil y el desgaste de la Presidenta a pocos meses de transcurrir su segundo mandato, se reflejan en tan sólo el 28% de aceptación popular, una caída tan estrepitosa que hace un año hubiese sido impensable la reelección. Lo importante es que el golpe de timón incluye una convocatoria a todos los sectores, incluyendo a la oposición, para buscar soluciones por consenso participativo, una verdadera herramienta de la democracia.