Las estadísticas en Córdoba son tan escalofriantes como las de toda América latina. Según datos del Banco Mundial y la OMS, los accidentes causan 130.000 víctimas fatales al año, seis millones de heridos y cientos de miles de discapacitados. En algunos países, como Colombia, son la segunda causa de muerte violenta después de los homicidios.

En Córdoba se han tomado medidas diversas con resultados esquivos. Pese a leyes rigurosas, un 40% de los motociclistas no usa casco. El hecho demuestra que hace falta más prevención y educación para crear cultura, que imponer leyes. Este mes se implementó la tolerancia cero al alcohol con fuertes multas para conductores con un mínimo índice de alcohol en la sangre y se crea la figura obligatoria del "’conductor designado”. La medida responde a estadísticas que desde 2007 viene compilando La Voz del Interior, donde la mayoría de muertos (y causantes de otras muertes) son menores de 35 años que conducen borrachos por las madrugadas.

En América latina el problema es similar. Existe cuatro veces más posibilidades de morir en las rutas que en países desarrollados, como Suecia, Inglaterra y España, donde por el carné por puntos e intolerancia al exceso de velocidad, teléfonos, alcohol y drogas se redujeron drásticamente los accidentes. En cambio aquí, al alcohol hay que sumarle las rutas en mal estado, licencias mal habidas y transporte público desbordado de pasajeros, como la causa de las 4000 muertes en Centroamérica en 2013 y de las cinco mil y 40.000 lesionados en Colombia.

El impacto del accidente vial no sólo afecta la salud pública, sino también a las economías y el desarrollo. Esta siniestralidad es trágica para los países en desarrollo, donde ocurren el 80% de los accidentes fatales, aunque tengan solo el 20% de los automóviles. Restringir la ingesta de alcohol como en Córdoba es una reacción importante, pero administrar el riesgo también implica más educación vial, vehículos más seguros, inversión en mejoras de carreteras y calles, que no solo pasa por acondicionamiento periódico y señalización, sino también por optimizar los códigos de urbanización, con aceras y banquinas planificadas y seguras.

Precisamente, el informe del Banco Mundial sobre el desarrollo global 2014, observa que las estrategias para prevenir accidentes y catástrofes, generan empleos, entre otros beneficios, además de salvar vidas. Ello queda demostrado por los costos que los países asumen a la hora de pagar los platos rotos, en vez de prevenir. Un informe de la Policía de Tránsito de Costa Rica cifra en 1250 millones de dólares al año -2,5% de su PBI- los gastos en atención médica para las víctimas, los prolongados procesos con la justicia y las aseguradoras, y el impacto colateral para las familias y la productividad laboral, asociado al creciente número de discapacitados que generan los accidentes viales.

En Latinoamérica, además de restricciones, los gobiernos necesitan administrar el riesgo y aprovechar los beneficios económicos y sociales de la prevención. Los individuos, por otra parte, debemos asumir responsabilidades para que sea cada vez más difícil morir y matar en la carretera.