Nuestro país obtuvo una victoria moral cuando la Corte de Justicia Internacional (CJI), condenó a Uruguay por no haber respetado su obligación de informar, negociar y notificar en el caso de las pasteras. Es decir, el tratado binacional firmado con Argentina en 1975 sobre el uso del río limítrofe, al autorizar de forma unilateral la instalación de la planta de celulosa de origen finlandés (Botnia) sobre ese curso de agua, componente del Acuífero Guaraní, considerado la tercera reserva mundial de agua dulce sin contaminar.

Por 13 votos a 1, los jueces dictaminaron que Uruguay violó el primer apartado del artículo 7 del Tratado del Río Uruguay con Argentina, de notificar a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para que ésta, tal como lo establece el segundo apartado del artículo 7, decida si el proyecto puede traer perjuicios. También observaron que Montevideo no transmitió a tiempo los informes de impacto ambiental que le requirió la CARU; ignoró el mecanismo de colaboración entre ambos países para el uso y preservación del río Uruguay, e instó a los dos países a realizar un monitoreo completo del impacto ambiental. Sin embargo, por 11 votos a 3, la CIJ dictaminó que no se han encontrado pruebas de contaminación general de las aguas del río por efecto de los efluentes de la planta.

Entre países democráticos la solución no se debería esperar de los jueces de La Haya, sino de las instancias de la política, la diplomacia y del diálogo previo como expresión de civilidad fraterna. La reacción de los asambleístas de Gualeguaychú luego de la lectura del fallo, manifestada en expresiones tales como que "la pelea sigue" o "no vamos a parar hasta que Botnia se caiga", es una demostración de la falta de apego y respeto a la ley y a lo relacionado con la justicia que en general padecemos los argentinos. También hay que afirmar que la radicalización de esos grupos se acentuó con el apoyo populista de un gobierno al que poco le interesó que los puentes siguieran cortados en una situación claramente violatoria de la ley argentina y del derecho internacional.

Si ambos gobiernos observan el fondo de la sentencia de la CJI, encontrarán un llamado al diálogo, a la cooperación y a las negociaciones de buena fe, que nunca debieron haberse interrumpido.