La brutal agresión a un joven de la localidad bonaerense de San Martín por negarse a pagarle a unos ‘trapitos’ o ‘cuida coches’ ha reavivado un tema que sigue ocasionando inconvenientes en distintos puntos del país. Si bien en muchos centros urbanos, como la ciudad de San Juan, el sistema de estacionamiento tarifado ha conseguido solucionar en parte este problema, todavía hay capitales como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o zonas como el Gran Buenos Aires donde la situación persiste ocasionando un permanente conflicto y lógicos enfrentamientos entre los propietarios de automóviles y estos pseudos trabajadores, que imponen tarifas muy elevadas para un servicio compulsivo.
El caso suscitado en Buenos Aires, más allá de la polémica, obligará a que el tema sea puesto a consideración de los representantes del poder político, que son los que tienen que promover las normas o leyes para el control.
En la Legislatura porteña el tema viene siendo discutido desde 2008, en que el oficialismo (bloque del PRO) planteó la erradicación total de los ‘trapitos’ sin que la iniciativa prosperara ante la negativa de la oposición. En 2011, la misma oposición logró la aprobación de una propuesta para regular la actividad, mediante un registro y la medida de que los cuida coches solo reciban una contribución ‘voluntaria’. La iniciativa fue vetada por el entonces jefe de Gobierno y actual presidente de la Nación, Mauricio Macri, dando lugar a que, nuevamente, el PRO presentara una alternativa menos restrictiva, como la de prohibir la presencia de ‘trapitos’ solamente en las proximidades de estadios de fútbol o lugares de eventos masivos. Esta propuesta tampoco prosperó por lo que no hay ninguna norma en ese sentido.
En jurisdicciones donde la situación está controlada con sistemas tarifados -tal es el caso de las ciudades de San Juan, La Plata o Pinamar- el problema persiste en horarios en que quedan fuera de cobertura, o en zonas cercanas a boliches, parilladas, confiterías, atractivos turísticos o de realización de grandes eventos. Precisamente a esos ámbitos deben apuntar los controles para evitar los abusos y la extorsión.
No se puede dejar que ciertos personajes se adueñen de las calles y usufructúen un espacio público que es de todos, y lo que es peor que se lleguen a brutales agresiones con el objeto de ostentar el dominio de ese vil negocio.
