El mega proyecto fue negociado con HKND por Laureano Ortega, el hijo del presidente, que se desempeña como funcionario de enlace con el grupo chino y portavoz sobre el tema. Los ecologistas están consternados porque la construcción comenzará sin los estudios sobre el impacto ambiental del proyecto En la presentación, en Managua el 20 de noviembre, Laureano Ortega anunció que la obra se iniciará el 22 de diciembre.

Sin embargo, los funcionarios encargados de los estudios ambientales reconocieron que no podrán completar su informe hasta abril de 2015 y más de 10 organizaciones ambientalistas nicaragüenses emitieron un comunicado exigiendo que las obras se suspendan hasta conocerse los estudios ambientales. Argumentan que, además de que el estudio ordenado por el gobierno no se dará conocerá hasta abril, no hay ningún estudio ambiental independiente. También denuncian que el gobierno de Ortega no ha convocado a un referendo nacional para preguntarle a los nicaragüenses si están de acuerdo con la construcción del Canal, a diferencia de lo que ocurrió recientemente en Panamá antes de aprobarse la ampliación de ese Canal.

Jaime Incer Barquero, ex ministro de Medio Ambiente nicaragüense y profesor universitario que se desempeña como asesor de Ortega, me dijo que el Canal de Nicaragua es "un desastre anunciado. Significa la contaminación y pérdida de toda la vida acuática del mayor lago tropical de América latina. También significa que podría perder para siempre su capacidad de abastecimiento de agua potable para todo el país, incluyendo la capital”, expresó.

La razón es que se requerirá dragar unos 102 kilómetros y contaminará todo el lago con millones de toneladas de lodo que saldrán del fondo. Por la turbiedad no habrá oxígeno para mantener su vida acuática, ni asegurar su potabilidad. Cuando le pregunté si le dijo todo esto al presidente Ortega, respondió que "el presidente es inaccesible hasta para sus ministros. Todo se canalizan a través de la primera dama, quien tiene otras prioridades”.

Mi opinión: El Canal de Nicaragua, para el cual el gobierno autoritario de Ortega le ha dado al consorcio chino una generosa concesión de 50 años, con una opción de administrarlo por otros 50 años, ha sido un proyecto turbio desde el inicio. No solo es una inusual concesión a una poco conocida empresa extranjera para los próximos 50 años, sino que fue realizada sin un referendo nacional y por un presidente que controla todos los poderes del Estado, sin controles independientes. Es un proyecto dudoso desde el punto de vista económico, técnico y ambiental.

El año pasado dijimos en esta columna que o bien será el proyecto de ingeniería más ambicioso de América latina en la historia reciente, o uno de los mayores negociados de la región. Ahora que está por iniciarse sin estudios ambientales tenemos que añadir que podría convertirse también en un escándalo ecológico, y una de las mayores amenazas ambientales de la región.