Sectores duros de la oposición, impulsados por la demagogia sindical, buscan imponer en el Congreso un proyecto de ley para frenar los despidos de personal en ámbitos públicos y privados, de manera de garantizar la estabilidad laboral por tiempo perentorio, frente a la coyuntura económica actual. En realidad se trata de dos proyectos opositores, uno encaminado en la Cámara de Diputados que plantea la prohibición de despidos hasta el 31 de diciembre de 2017, y un segundo borrador en el Senado como una emergencia por el lapso de 180 días, pero sólo uno podría prosperar si llega al recinto deliberativo. La tercera posición la adelantó el Poder Ejecutivo, ya que el presidente Mauricio Macri podría vetar la norma, a pesar del costo político que presupone esta facultad constitucional. No obstante este complejo panorama, el Ejecutivo salió al cruce de la idea y el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, si bien reconoció que durante diciembre y enero hubo destrucción del empleo, descartó que exista una crisis en material laboral como afirma la oposición, y adelantó que en los próximos días el Gobierno anunciará un índice de seguimiento mensual de la generación de trabajo. Además expresó que el deterioro laboral empezó a reconstruirse en febrero, al punto de que la cantidad de trabajadores en el país es superior a la de febrero de 2015.

Pero más allá de este repunte y de que se conozcan los índices del crecimiento ocupacional, se debe recordar que nunca las leyes de cepo social y económico han tenido el resultado pretendido y sin duda esta va a ir en contra de los intereses de los trabajadores porque impactará directamente en la fuente laboral, más si se trata de pymes. Lo que se debe promover son medidas para generar las condiciones de sustentabilidad laboral, por ejemplo incentivos tributarios para las pymes, las mayores generadoras de empleo del país. Peor todavía si se implementa la doble indemnización con la idea de disuadir al empleador a disponer de mayores erogaciones para despedir a un empleado, ya que crearía niveles de conflictividad alarmantes para las empresas más pequeñas, porque muchas de ellas no tendrían más opción que el cierre definitivo. Tampoco los legisladores parecen advertir que cuando una firma tiene personal calificado, trata de mantenerlos siempre.