El fallo del juez Thomas Griesa respecto a la pequeña porción de la deuda pública que quedó en default después de los dos canjes, hace que la cuestión quede ahora en manos de abogados y camaristas, ante la apelación que presentará el Gobierno argentino. Se trata de un serio problema, porque los bonos en pleito fueron emitidos bajo la legislación neoyorquina, de ahí que no están alcanzados por leyes argentinas. Esta cuestión jurisdiccional aconsejaba no dejar flancos abiertos a cualquier impericia que diera lugar a embargos.
Lo que se necesita ahora, es una estrategia efectiva para neutralizar los holdouts en la práctica. En épocas del exministro Roberto Lavagna se había comenzado a diseñar un plan para que la Justicia neoyorquina incluyera sus reclamos en la categoría de acciones de clase para evitar una proliferación de juicios contra la Argentina. No obstante, esas iniciativas fueron dejadas de lado. Ahora el durísimo fallo de Griesa coloca a la Argentina ante el peor de los escenarios posibles, con el riesgo de caer en un default técnico no deseado, pero tampoco sencillo de evitar, a menos que la Cámara de Apelaciones de Nueva York acepte la posición de nuestro país e invalide la sentencia del magistrado estadounidense.
Desde el Poder Ejecutivo se había afirmado públicamente que no les pagarían a los "fondos buitre". Pero pocos días después debió viajar un funcionario del Ministerio de Economía a Nueva York, a pedido del propio juez, para dejar sentado por escrito que la Argentina acataría su sentencia. En aquel momento se especulaba con que el fallo apuntaba a dejar a los holdouts dentro de la quita del canje aceptado por el 93% de los acreedores, lo cual podía haber sido considerado un avance.
El fallo salió exactamente al revés, con el agravante de que si la Argentina gira el 15 de diciembre los dólares para pagarles sólo a los acreedores "reestructurados" y no cumpliera con el depósito en garantía a favor de los fondos buitre, que son 1.333 millones de dólares en capital más intereses, el banco agente debería abstenerse de distribuirlos y colocaría al país en default técnico.
Las próximas dos semanas serán cruciales en el plano judicial. En el fallo de Griesa se deja ver desconfianza y fastidio hacia el Gobierno argentino, a tal punto que propone no darle tiempo para que invente algún atajo jurídico. Quizás esta prevención surja, de que hace varios años, por error de cálculo o negligencia, el Gobierno nacional se desentendió totalmente de la deuda en default.